Más Información
La democracia es el eje rector de todo Estado moderno. Cada vez más, la autoridad estatal se apuntala no en una definición de soberanía tradicional, incontestable e inmanente, sino en la calidad y efectividad de la representación, en la fortaleza de la relación entre ciudadanos y gobernantes.
Estas nuevas realidades se manifiestan en principios como la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto, que en los últimos años han tenido un auge internacional. Precisamente el sábado pasado, 193 Estados miembros de la ONU, México incluido, adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
De los 17 objetivos acordados, mención especial merece el 16, en el que México ha asumido una posición de liderazgo, y que tiene que ver con garantizar el acceso a la información pública, el Estado de derecho y mejores instituciones con rendición de cuentas. México es uno de los 8 fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA); y este año preside y será la sede de la próxima Cumbre Global AGA, donde 65 países miembros se reunirán para refrendar la Declaración Conjunta de Gobierno Abierto presentada por México durante la Cumbre de Desarrollo y suscrita por los 13 países que lideran esta iniciativa.
La responsabilidad global de México dentro de este proceso multilateral tiene como tela de fondo un compromiso de largo aliento entre sociedad y gobierno, cuya máxima expresión es la reforma en materia de Transparencia de febrero 2014, impulsada por el presidente Peña Nieto. Gracias a esta reforma, los mexicanos contamos con normas e instituciones de vanguardia a favor de la transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas.
La Reforma no sólo amplió el número de sujetos públicos obligados a transparentar su información (partidos, sindicatos, fideicomisos, etc.) y fortaleció al Inai con plena autonomía constitucional y mayores facultades, sino que sentó las bases para consolidar un Sistema Nacional de Transparencia (SNT) con organismos locales autónomos en todas las entidades federativas.
Así, en junio de este año, se dio un paso muy importante con la instalación del Consejo del SNT, que será la instancia rectora encargada de coordinar y evaluar la política pública transversal en la materia; y además contará con la participación de 33 organismos garantes en el país, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, el INEGI y, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil, cuyo trabajo y seguimiento serán vitales para llevar a buen puerto la implementación de la reforma.
Todas estas medidas incorporan el derecho a la información pública y la participación ciudadana como pilares democráticos a reforzar mediante instituciones autónomas y modernas, protocolos exigentes y la innovación de las tecnológicas de la información.
No cabe duda que la Agenda 2030 adoptada en la ONU y las reforma estructurales de México comparten un mismo objetivo: mejorar el ejercicio de los derechos ciudadanos, para promover sociedades más justas, inclusivas y en paz.
Coordinador general de Puertos y Marina Mercante.
guillermo.ruizdeteresa@yahoo.com
