Más Información
Hoy escribo sobre un tema cotidiano, pero fundamental para nuestra vida diaria. Hace unos días revisaba el tema de una expropiación del GDF que tiene años atorada en tribunales. Platicando con amigos sobre posibles alternativas, todos expusieron soluciones de “arreglos turbios” o “amistades”, pero nadie planteó seriamente tomar el camino institucional, alegando que era tardado y difícil de concluir.
Recordé entonces el Pacto por la Justicia Cotidiana, anunciado hace unas semanas como la segunda de 10 medidas del Ejecutivo federal, y la importancia de mejorar la justicia del día a día. Esta iniciativa no es poca cosa, estamos hablando de garantizar el acceso para todos, al simplificar, flexibilizar y abaratar los procesos legales de 87% de los más de 2 millones de casos que se procesan anualmente en el país.
En la justicia cotidiana se juega no solo el orden y la relación armónica de la sociedad, sino la confianza de los ciudadanos. Dirimir con eficacia y eficiencia los conflictos entre vecinos, en el trabajo, entre familias o en los negocios, es decir, en los ámbitos civil, laboral, mercantil o administrativo, cambia la vida de las personas, y mejora su percepción sobre la importancia de las instituciones. Es el transitar de un mundo de amistades y arreglos a uno de leyes, como se lee en Diálogos en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, libro de mi juventud, es el transitar entre la praxis política y el espíritu de las leyes; el ser y el deber ser kantiano.
Un estadista no sólo promueve actos superiores, sino atiende los detalles más pequeños que conforman una visión de conjunto del país. En la actual administración las grandes reformas estructurales han acaparado los reflectores; está claro, son una hazaña, pero el presidente Peña Nieto no ha descuidado las iniciativas, que aunque modestas, mejoran la vida diaria del ciudadano común.
Por esta razón, desde abril pasado el Presidente presentó el Informe y Propuestas sobre Justicia Cotidiana, resultado de foros auspiciados por el CIDE con más 400 juristas, académicos y representantes de la sociedad civil de 17 instituciones reconocidas en la materia.
De esta reflexión derivaron 217 recomendaciones y 20 acciones, que reflejan múltiples aristas de un tema tan complejo: desde proteger a trabajadoras domésticas, migrantes, consumidores o personas sin documentos oficiales, hasta consolidar los juicios orales, modelos de jueces itinerantes, centros de asistencia jurídica, formación de abogados, policía de proximidad, así como nuevos mecanismos como la mediación, la conciliación y el arbitraje.
Así, no sólo se fortalece el Estado de derecho, sino se construye una nueva normalidad para las generaciones venideras, donde lo más común sea que los juicios se efectúen de manera pronta y expedita, donde se escuche y se defienda a quien recurra, con razón, a los tribunales.
Sin duda, un gran homenaje al centenario de la Constitución de 1917 es avanzar hacia un México en el que la justicia funcione bien para todos, sin distinguir clase social, raza o credo; eso es un país con justicia, pero sobre todo con futuro.
Coordinador general de Puertos y Marina Mercante.
guillermo.ruizdeteresa@yahoo.com
