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Con visión de futuro se hicieron las actuales reformas constitucionales, que no sólo modificarán las oportunidades del país, sino que darán a las siguientes generaciones, como diría Umberto Eco, la posibilidad de tener esperanza.
No se puede hablar de desarrollo o competitividad sin justicia social. Para ello el Estado cuenta con una serie de instituciones que conforman una base mínima. Éstas son resultado de las ideas y del pensamiento político-social de la Revolución Mexicana, que elevó las garantías sociales a rango constitucional.
El punto fundamental de la reforma laboral es una política social más amplia, que va más allá del empleo y tiene efectos positivos en las principales instituciones de bienestar social que tenemos: IMSS, ISSSTE, Infonavit y Fovissste.
De 2012 a la fecha se han creado 1 millón 177 mil empleos asegurados al IMSS, que hoy cubre a más de 53 millones de mexicanos, aunados a los 12.4 millones al servicio del Estado del ISSSTE. Con más empleo digno se beneficia a los trabajadores activos, pero también a sus familias, jubilados y pensionados.
En su origen, IMSS (1943), ISSSTE (1959), Infonavit y Fovissste (1972) fueron concebidos para ser mucho más que instituciones de salud o de vivienda. Se trata de una verdadera red de seguridad social para garantizar el derecho humano a la salud y a vivienda digna y decorosa; así como los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Justamente por esta vocación social, estos organismos contemplan la participación y las aportaciones de los trabajadores, empleadores y gobierno.
Así, el Estado mexicano ha garantizado por más de medio siglo no sólo la formación de personal médico, sino también la cobertura de riesgos de trabajo, invalidez, seguro de vida, vejez, ahorro para el retiro, y otros servicios sociales como préstamos, vivienda, guarderías, turismo social y cultura.
Sin embargo, aún quedan grandes retos en especial a causa de la transición demográfica del país. Por esta razón, el presidente Peña Nieto ha instruido nuevas prioridades para avanzar en la cobertura universal; mejorar la calidad de la atención médica y las prestaciones socio-económicas; además de fortalecer la productividad y la situación financiera de estas instituciones.
No cabe duda, la reforma laboral potenciará la misión social de estos instrumentos estatales, que estabilizan la convivencia social; reducen las desigualdades, y sobre todo, en palabras de sus creadores, “elevan las condiciones de vida de la mayoría de la nación, que automáticamente traerá un crecimiento vigoroso de la economía en general”. En otras palabras, las instituciones de bienestar social son, y seguirán siendo, los pilares del patrimonio de nuestra sociedad.
En 1946 el presidente Ávila Camacho dijo que “todos debemos asumir el propósito que un día próximo las leyes de seguridad social protejan a todos los mexicanos”, y estoy cierto que el presidente Peña asumió sin reserva este propósito.
Coordinador general de Puertos y Marina Mercante.
guillermo.ruizdeteresa@yahoo.com
