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En 2018 se ejecutará un nuevo recorte en el gasto público. En las semanas siguientes se avanzará en determinar el tamaño del ajuste fiscal.
El secretario de Hacienda y Crédito Público consideró que la evolución de los ingresos y las previsiones sobre el crecimiento de la economía determinaran en gran parte el tamaño del recorte al gasto público. El objetivo, al igual que en el año actual, es alcanzar un superávit primario en las finanzas públicas.
No obstante, ello no implica que se suprima el déficit público. Como se destaca en la nota publicada en EL UNIVERSAL (28 de junio), según el secretario de Hacienda, el déficit público se reducirá de 4.6% que tenía hace cuatro años, a 2.5% el año próximo. La diferencia se explica fundamentalmente por los recursos financieros destinados a cubrir los intereses de la deuda pública.
El nuevo ajuste, como ha acontecido con los realizados previamente, implica más recortes en los empleados en el sector público.
Un dato delicado considerando el contexto de baja calidad en el mercado de trabajo en México, con preponderancia de la informalidad laboral. En el país casi cada seis de 10 ocupados lo hace en condiciones de informalidad.
Según la OCDE el mercado de trabajo en México tiene una baja puntuación comparado con la que alcanza en otras economías que son miembros de la organización.
Los resultados son bajos teniendo en cuenta el nivel y la distribución de los ingresos como también diferentes medidas de inclusión, por ejemplo la igualdad de género, la integración de grupos de desfavorecidos y la desigualdad de ingresos. Es una situación que no se ha logrado transformar y que un año más de ajuste fiscal no permitirá modificar.
Además, el crecimiento en los precios hasta finales de mayo ha borrado desde hace tiempo los incrementos pactados en los salarios para aplicarse en 2017.
Una vez más la política de incrementos al salario de acuerdo con la inflación esperada para el año en curso implica una reducción en sus ingresos reales para amplios grupos de trabajadores. Es una grave situación dado que desde hace tiempo hay un estancamiento en términos reales en los ingresos de numerosos grupos de ocupados.
La OCDE también documenta que México cuenta con el segundo sistema fiscal que menos corrige la desigualdad económica. Incluso, comparado otras economías de la región, con ingresos por habitante semejantes, como Argentina, Brasil, Chile o Uruguay, tiene una menor influencia. Son años de aplicar programas que atienden aspectos puntuales de la pobreza y la pobreza extrema, pero que no propician disminución significativa y permanente de la desigualdad social.
En los meses siguientes, nuevos aumentos en la tasa de interés de referencia presionarán más el alza algunos precios, sin que a la vez se impulse la inversión.
A la fecha, la debilidad en la formación de capital es un problema que no se modifica por el escenario de inestabilidad financiera y en los mercados cambiarios. La continuidad en el ajuste fiscal es también una señal para inhibir el crecimiento de la economía y más aún la inversión. Conservar los objetivos de consolidación fiscal, que se presenta como certeza en las finanzas públicas, es un medio para salvaguardar los pagos de la deuda pública.
A la fecha, los títulos de deuda pública colocados en pesos han experimentado un alza, presionando más las finanzas públicas. Las decisiones en materia de tasa de interés por cuenta del banco central en los meses siguientes generaran mayores presiones a las finanzas públicas, en tanto la deuda se va encarecer.
Para la mayor parte de la población no son buenas noticias y las medidas que se ejecutarán hasta el final de la actual administración federal no permiten considerar cambios que mitiguen las difíciles condiciones de vida de gran parte de los habitantes del país. El ajuste fiscal es la continuidad o incremento de la desigualdad social y de manera destacada de los actuales niveles de informalidad laboral.
Departamento de Economía Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa
Email: vidal.gregorio@gmail.com
