Este fue el título que usó hace unas semanas el semanario The Economist en una columna que aludía a los múltiples escándalos de corrupción que han aflorado recientemente en diversos países de América Latina. En estos días, el tema de la corrupción también ha estado muy presente en las noticias nacionales. No sólo se trata de que hace unos días se venció el plazo límite establecido en la Constitución para la aprobación de las leyes que deberán dar lugar al Sistema Nacional Anticorrupción (el plazo establecido era el 28 de mayo), sino que también hemos conocido con todo detalle varios casos escandalosos de corrupción o de enriquecimiento inexplicable de parte de diversos políticos nacionales o de sus amigos o familiares.
Uno de ellos, por ejemplo, fue el modus operandi revelado recientemente por un extraordinario reportaje del portal de noticias AnimalPolítico.com en el que se descubrió que bajo la administración de Javier Duarte, actual Gobernador de Veracruz, habían desaparecido 645 millones de pesos destinados a apoyar a la población vulnerable del estado. Dicho esquema, consistente en la creación de diversas empresas mediante la usurpación de la identidad de diversas personas (usando firmas y documentos falsos), las cuales luego competían entre sí por la asignación de contratos públicos y que, una vez favorecidas con el otorgamiento de los contratos, recibían los recursos sin dejar rastro alguno de que se hubiera cumplido con la entrega de los bienes o servicios acordados. Este esquema no sólo implica el desvío de los recursos de las arcas públicas, sino que además deja en una posición crítica a un sinnúmero de personas cuya identidad fue suplantada y que, en una primera instancia y ante una eventual auditoría, serían los responsables de haber incumplido con la entrega de un bien o servicio. En este caso no deja de sorprender la posición que sostuvieron algunas autoridades del gobierno de Veracruz en el sentido de que todo el proceso fue legal por el simple hecho de que las empresas estaban constituidas frente a un notario público. El hecho de que a las autoridades del gobierno de Veracruz les parezca de lo más normal la existencia de empresas “fantasma”, que fueron constituidas usurpando la identidad de diversas personas, y que la existencia de la entrega de los bienes y servicios no pudiera ser comprobada fehacientemente, revela el evidente contubernio de las autoridades de esa administración con los creadores de un esquema que drenó de manera sistemática las arcas públicas veracruzanas.
Por otro lado, un excelente reportaje de la revista Emeequis (www.m-x.com.mx) demostró la enorme fortuna que ha acumulado Omar Yunes, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, actual candidato a la gubernatura del propio estado de Veracruz por la alianza PAN-PRD. Dicho reportaje mostró el crecimiento desmesurado de la fortuna del familiar del político veracruzano, la cual se expandió precisamente cuando su padre era director del ISSSTE en la administración federal anterior. Dicho enriquecimiento lo ha llevado a crear empresas en paraísos fiscales que le han permitido a su vez acumular propiedades multimillonarias en Nueva York y Houston, entre otros lugares.
Otro caso recientemente conocido de abuso de recursos públicos fue el de David Korenfeld, el ex director de la Conagua que se vio obligado a renunciar después de que se supiera que usaba el helicóptero oficial para usos privados. Un nuevo reportaje publicado hace unos días reveló que el funcionario le otorgó contratos multimillonarios a una asociación civil que él mismo había presidido hasta hace poco tiempo (la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C.), y la cual recientemente hizo un donativo millonario a la Universidad de Nuevo México para que esta institución abriera un centro de estudios que llevaría el nombre del político defenestrado.
Estos son sólo algunos de los ejemplos de corrupción, conflicto de interés y enriquecimiento inexplicable que hemos conocido en días recientes. Por ello no podemos sino estar totalmente de acuerdo con el famoso semanario inglés: ¡ya paren de robar!
Economista
@esquivelgerardo
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