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La presente administración ha adoptado un comportamiento caracterizado por el cinismo. Cada día que pasa es más evidente que a este gobierno la opinión pública le importa cada vez menos. Los cuestionamientos y exigencias que plantean distintos segmentos de la sociedad se enfrentan a una administración cada vez más insensible a estos reclamos. La idea de rendir cuentas y de explicar a cabalidad hechos cuestionables suena cada vez más lejana. Los ejemplos abundan.
Un secretario de Hacienda que le compró una casa a una empresa proveedora del gobierno que después se vio favorecida por contratos gubernamentales multimillonarios (Grupo HIGA). Una casa que, por cierto, fue adquirida exprofeso por la empresa para ser vendida y que se vendió sin que la empresa obtuviera una ganancia evidente. Esa misma casa la pagó extrañamente el secretario de Hacienda mediante una contribución en especie (con obras de arte que hasta ahora nadie sabe cuáles son o de dónde salieron) y otra parte con un cheque que, casualmente, tardó meses en ser cobrado. Este cheque fue cobrado a su vez apenas unos días antes de que se diera a conocer públicamente la existencia de dicha casa gracias a una investigación periodística del Wall Street Journal.
El nombramiento de Arturo Escobar, ex vocero y miembro destacado del Partido Verde, como subsecretario de Prevención del Delito en la Secretaría de Gobernación. Arturo Escobar es el mismo personaje que fuera detenido hace algunos años transportando más de un millón de pesos en efectivo a Chiapas en plena jornada electoral. El mismo que, por otra parte, defendió a capa y espada las múltiples irregularidades electorales en las que incurrió su partido y en las que incluso llegó a involucrarse a una empresa propiedad de su hermano.
El intento de la Secretaría de Hacienda de convencer a la ciudadanía que los bonos de infraestructura educativa —los cuales parecen deuda, caminan como deuda y que pagan interés como deuda— no son deuda, lo cual es completamente ridículo e insostenible. Esto es tanto como pretender afirmar que un crédito a la nómina, por el simple hecho de tener su propia fuente de financiamiento (es decir, la nómina), no es deuda.
Sin embargo, es con respecto a la sospechosa y estrecha relación de varios miembros de este gobierno con la empresa OHL en donde ha habido quizá los mayores desplantes de cinismo.
Por un lado, un director de Pemex, Emilio Lozoya, quien fuera consejero de OHL, fue grabado ilegalmente acordando reunirse con el director de esa empresa en las oficinas del director de la Comisión Federal de Electricidad (con la cual OHL pretendía obtener contratos). Este funcionario público justificó esa reunión diciendo que fue una confusión y que en realidad la reunión la sostuvieron en el sótano (¿?) de las oficinas de la CFE para discutir un tema de seguridad (¿?).
La decisión gubernamental, seguramente tomada o avalada a un muy alto nivel, de investigar por el presunto espionaje al abogado de una empresa que había demandado a OHL y al cual le fue sembrada una pistola en su automóvil para poder detenerlo. Este injustificable acto fue captado de manera providencial por una cámara de seguridad que registró en detalle el inefable acto y que revela qué tan lejos están dispuestos a llegar algunos miembros de este gobierno con tal de proteger y encubrir algún tipo de relación con la empresa OHL.
El gobierno local del Estado de México no podía quedarse atrás en este escándalo y en esta actitud franca y abiertamente cínica. Primero, el secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena Vargas es grabado aceptando unas vacaciones pagadas por parte de la empresa OHL. Posteriormente, ante la contundencia de la evidencia, el funcionario es removido, sólo para ser reinstalado unas semanas después como secretario Técnico del Gabinete del gobernador del estado, Eruviel Ávila.
Todo lo anterior quizá no ocurriría si el Presidente de la República tuviera la capacidad de exigir cuentas a los miembros de su gabinete o a otros miembros de su partido. Sin embargo, como el Presidente mismo está manchado por las sombras de duda del conflicto de interés de la casa que compró su esposa al propio Grupo Higa, es imposible pensar que tiene alguna autoridad moral para exigir transparencia y/o rendición de cuentas. He allí el problema. No hay ni autoridad moral ni legitimidad. Por eso no queda más salida que el cinismo, la marca que caracteriza ya a esta administración.
Economista.
@esquivelgerardo
gesquive@colmex.mx
