Es políticamente correcto defender la protesta social exigiendo que no sea criminalizada, pero incorrecto sostener que hay quienes encubren crímenes y delitos detrás de la protesta social. Las autoridades han detenido a cuatro dirigentes de la CNTE acusados de actos delictivos, y la PGR afirma que ha expedido 29 órdenes de aprehensión. Es de esperar que la confrontación entre la corrección política y el criterio contrario se agudicen en los próximos días. Además, el secretario de Educación abogó por que la ley sea aplicada, al igual que la secretaría a su cargo lo hace al descontar los salarios no devengados por profesores faltistas.
En el caso de la disidencia magisterial, ha sido exhibida su apropiación vergonzante de un bien social: la educación pública y varios de los recursos necesarios para procurarla. En Oaxaca habían conseguido controlar la autoridad educativa hasta hace sólo unos meses, misma que le fue expropiada para pasar a control del gobierno estatal y federal, de acuerdo con la ley educativa. Lo cierto es que esta apropiación ilegítima y disfrazada de legalidad ha tenido por cómplices a varias administraciones estatales y federales que propiciaron, apoyaron o toleraron que el gansterismo porril de un grupo se impusiera sobre el principio de ofrecer calidad educativa. Siendo así, lo consecuente sería que el Estado mexicano avanzara en serio en todos los frentes en que grupos de intereses particulares se imponen mediante dinero o presión a los intereses de la sociedad. Si en verdad se persiguiera al crimen de cuello blanco y al cabildeo que hace rendirse a la autoridad por quienes más pueden y tienen sobre los que menos tienen, se daría un paso de gran relevancia para la vigencia del cumplimiento de la ley. Lamentablemente, en otros frentes las cosas no funcionan así. Habrá que ver si las autoridades competentes para denunciar hechos de corrupción o de influencia indebida se atreven a investigar a ex-gobernadores o gobernadores en funciones que tienen demandas activas (Sonora, Nuevo León, Chihuahua…), o si los órganos de control supervisan no solamente los bajos niveles de la administración, sino los más altos.
El Estado tiene muchas asignaturas pendientes y si no las atiende parejamente va a seguir acumulando deudas con la presente y las futuras generaciones. Una vez que se ha conseguido una transformación de las reglas de acceso al poder mediante un sistema electoral equitativo, quedan dos grandes aspectos por atender que son de la misma magnitud y que se requieren para poner al Estado a la altura de los retos del futuro: garantizar que produzca y proteja los bienes públicos fundamentales, y que rinda cuentas y haga frente a la corrupción fehacientemente.
Ningún Estado moderno ha tenido éxito sin conseguir las tres cosas: poliarquías menos oligárquicas, menos aristocráticas, producción y protección de bienes públicos y rendición de cuentas. Para miradas exigentes esto no es suficiente para colmar los criterios de la democracia liberal, pero sí son pasos en esa dirección. Si la consignación de los dirigentes de la CNTE ha de ser un juicio justo, este tiene que ajustarse al debido proceso pero, además, es de exigir que sea un paso, por ahora sólo eso, en el camino de corregir la plagas de la impunidad y el saqueo que ponen en riesgo nuestro futuro.
La democracia exige que la protesta social tenga el valor de aceptar y participar conforme a las reglas de la deliberación, así sea con fines de resistencia que son legítimos. Lo debe hacer en la plaza y en el parlamento, en el hogar y en la escuela, frente a las cámaras (otra deuda, esta vez de las cámaras) y la prensa. Hoy, aquí, dentro y fuera.
Director de Flacso en México.
@pacovaldesu
