La posibilidad de postular candidatos independientes a los puestos de elección popular debe permanecer tan abierta como la facultad de los partidos políticos de hacer lo propio. Los argumentos en contra de las primeras, para proteger la exclusividad de las segundas no son consistentes.
Entre esos argumentos se cuenta uno que hay que sopesar: la postulación de independientes equivale a la formación de un aparato semejante al de los partidos, dado que realizar una campaña electoral y lo que conlleva impone al independiente una condición semejante a crear un partido. De esto se deriva que, en vez de construir candidaturas independientes, deberían construirse partidos y luego lo que le sigue. En contra se puede decir que la emergencia de candidatos independientes es una reacción del descontento con los partidos y los gobernantes emanados de ellos. Hoy por hoy es nuestro caso: el desprestigio de la democracia es indisoluble del pésimo desempeño de los partidos que conocemos; de su desvergüenza y corrupción rampante en gobiernos de todo nivel y en los órganos legislativos. La recomposición del prestigio democrático pasa necesariamente por que los ciudadanos sean y se sientan representados, y la opción de las candidaturas independientes ofrece una buena opción correctiva en el corto plazo.
Es obvio que una avalancha de independientes no sería signo de vitalidad sino solamente un síntoma del cáncer que carcome al ejercicio del poder, tanto en el sistema de partidos como en el de gobierno. Y también es evidente que gobiernos encabezados por independientes no serán, por ese solo hecho, un remedio. El cáncer requiere cirugía y esta consiste en la creación de instituciones eficaces de rendición de cuentas y de imposición de la ley a todos sin excepción. Lo que las candidaturas independientes sí ofrecen es un correctivo desde abajo y desde afuera a la irresponsabilidad de los partidos y los gobernantes, que tendrán que “ponerse las pilas” para sobrevivir en la competencia electoral.
Otro argumento que se ha usado en contra es el de las segundas intenciones: si hay políticos avezados que no pueden ser candidatos por la vía de sus partidos, pueden correr por fuera y salirse con la suya. En efecto, esto puede ocurrir, y la trama de que deriven estas trayectorias pueden estar mecidas tras bambalinas por manos non sanctas. Pero en blanco y negro esto pasaba ya sin candidaturas independientes. Si estas le agregan una posibilidad a los “conspiradores legales”, la respuesta no está en suprimir esas candidaturas sino en el papel que los órganos de información pública jueguen para informar de las entrañas de los procesos electorales.
A pesar de los argumentos en contra, la Constitución ya garantiza el derecho de votar por candidatos sin partido y el de cada ciudadano a ser votado. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado mexicano a dar garantía de defensa ante la negativa a las candidaturas independientes gracias al recurso promovido por Jorge G. Castañeda. Luego la Constitución fue modificada para hacer realidad esos derechos.
Como lo expresamos quienes firmamos el desplegado Por una cancha pareja para candidaturas independientes, el 22 de septiembre, se trata de defender derechos humanos fundamentales. Las instituciones y las autoridades deben adaptarse a ellos y no al revés. Si hacerlo requiere modificaciones y reformas, bien por ello. Los derechos están por encima de las instituciones, lo que quiere decir que las deben moldear para responder a los primeros, que no son otros que los derechos de la gente. En segundo nivel de importancia deben quedar las estructuras electorales y partidarias. Estas sólo pueden entenderse al servicio de la democracia, cuyo principio es la decisión de los ciudadanos sobre su forma de gobernarse.
Director de Flacso en México
