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Asustados por los resultados electorales, gobernadores y legisladores de varias entidades (Aguascalientes, Chihuahua, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, y Veracruz) legislaron al vapor para blindarse de los candidatos independientes que atraigan a la ciudadanía y ganen elecciones. El fenómeno “bronco”, y otros casos, como Pedro Kumamoto en Jalisco, prendieron las alarmas de la partidocracia más conservadora. Dándoles un mentís, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, interpuso el jueves una acción de inconstitucionalidad contra Puebla, argumentando que “las candidaturas independientes llegaron para quedarse”. Agregó que esas candidaturas “son y deberán ser un acicate para que los partidos políticos mejoren su presencia y sobre todo su identificación con las fuerzas ciudadanas” (EL UNIVERSAL http://eluni.mx/1LBdvL6). Sin duda, esta iniciativa deberá extenderse a los otros 5 gobiernos antibronco y los que se acumulen, no sólo a Puebla. La inconstitucionalidad de estas legislaciones locales es palpable desde todo punto de vista pues viola derechos consagrados en la Constitución que son, además, derechos humanos.
La demanda de legislar a favor de las candidaturas independientes ha acompañado a la transición desde sus inicios en 1977. A pesar de que fueron reconocidas constitucionalmente hasta 2011, tienen ya un amplio y polémico expediente. El primer argumento en contra de ellas fue esgrimido para proteger el incipiente sistema de partidos con financiamiento público que equilibrase la despareja cancha anterior a las elecciones de 1997 cuando aún se hacía valer la protección al PRI (y a sus aliados) y se resistía con denuedo a la competencia electoral justa, transparente y cierta por parte de elementos de ese partido. La realización de los acuerdos políticos de 1996 por parte de todas las fuerzas políticas y su entrada en la Constitución y las leyes electorales dieron el monopolio de las candidaturas a los partidos, a pesar de los reclamos por el derecho a candidaturas independientes, y a pesar de que en la prehistoria de la transición no pocos individuos y grupos protagonizaron gestas autónomas y hasta heroicas para sacudirse la omnipresencia forzosa del partido hegemónico.
Las candidaturas independientes juegan un papel central en la escena política, especialmente cuando el sistema de partidos y la llamada “partidocracia” están desprestigiados (en 2013 Latinobarómetro reporta que 76% de los ciudadanos tenían poca o ninguna confianza en los partidos políticos). Después del 7 de junio pasado tienen que ponerse alertas. Ya no tienen el monopolio de la representación legítima. Las intentonas antiindependientes de los gobernadores de los estados mencionados serán revertidas. Realmente sería ridículo que fueran confirmadas por las autoridades electorales. Los partidos se deben a los ciudadanos; cuando en conjunto, como sistema, producen desconfianza, la sociedad debe tener otras opciones para gobernarse. Tiene razón Beltrones: las candidaturas ciudadanas tienen que ser un estímulo para que los partidos volteen hacia abajo donde están sus verdaderos patrones. Pero este es solamente el lado negativo. El lado positivo es que dichas candidaturas permiten a figuras apreciadas por la ciudadanía competir y ganar elecciones desplazando estructuras que se han vuelto indeseables para la mayoría.
En el escenario actual esa figura es pieza de un rompecabezas más amplio en el que la representatividad de las autoridades electas deja mucho que desear. Remontar ese crisis de legitimidad implica eficacia para atender los problemas de fondo, ajustarse al imperio de la ley y rendir cuentas, como lo merece un pueblo que no tiene, pero aspira a tener un Estado de veras representativo.
Director de Flacso en México.
@pacovaldesu
