Con el año que se va se afirmaron proyectos de reforma del Estado mexicano. La más importante, la reforma educativa, recibió un renovado impulso con los cambios de mando en la Secretaría de Educación Pública. Por el contrario, a la reforma energética se le atravesó la caída de los precios del petróleo, lo que impactó fuertemente en los ingresos fiscales, pega con el recorte presupuestal y retrasará el resurgimiento del sector y el crecimiento económico del país. La más reciente reforma política, la de la Ciudad de México, encaminará a la capital hacia un nuevo marco jurídico y se pondrá a prueba la eficacia de los nuevos mecanismos de gobierno para definir la Constitución de la trigésima segunda entidad federativa con plena autonomía. Sería la ocasión para intentar nuevos mecanismos de gobernabilidad que podrían ser innovadores si el Constituyente realiza un ejercicio imaginativo de fundación de la nueva capital. Es de esperarse que la representación de los ciudadanos mejore y que se abran nuevas formas de participación social en las políticas de la ciudad. Si esto se consigue, se podrá dar un ejemplo al resto del país desde la ciudad que cuenta con el mayor potencial intelectual, científico y ciudadano.
El mayor escándalo del año fue la enorme brecha en la seguridad del Estado, que se evidenció con la fuga de Joaquín Guzmán del penal del Altiplano. La corrupción y la impunidad en los órganos de gobierno y su consiguiente falta de eficacia para contribuir a la gobernabilidad sigue siendo uno de los problemas que no han sido encarados ni resueltos y que lastran al país para mejorar su desempeño económico y social. La extorsión y el secuestro se mantienen como amenazas cotidianas para la gente; los homicidios han crecido con respecto al año anterior.
El caso Ayotzinapa merece una mención especial. La opinión pública está perpleja por las interpretaciones encontradas entre la versión oficial y lo que han dicho voces independientes en el estudio del caso. No se puede afirmar que México cuenta con un Estado de derecho cuando un crimen masivo tan notorio no es esclarecido para proceder con justicia y dar vuelta a la página. El país merece una explicación fundada y razonable y los culpables el castigo que en derecho corresponde. Si no se soluciona el tema, lo arrastraremos indefinidamente.
Inseguridad y corrupción forman una mancuerna que se autorrefuerza. Para hacerle frente se requiere del consenso y la voluntad de todas las fuerzas políticas, pero parece que la salida de este círculo vicioso no está en el horizonte de expectativas que México puede esperar. No han sido suficientes los estudios autorizados sobre el problema para que los poderes del Estado actúen contundentemente para extirpar este cáncer que mina las instituciones más importantes para el potencial de desarrollo del país. Si no se consigue un convencimiento amplio de sociedad y gobierno de que esta polaridad deshace los cimientos del país y todo lo que se edifica sobre ellos, no habrá salida y las próximas generaciones heredaran las consecuencias.
El gobierno del presidente Peña Nieto ha llegado a su cenit al cumplir 3 años. En 2016 habrá elecciones en 13 estados de la República, de los cuales 12 elegirán gobernador. En la segunda mitad del año próximo comenzará la especulación sobre el cambio de gobierno en 2018, año en el que también entrarán en vigor medidas importantes de la reforma política, tales como la creación de la Fiscalía General y la reelección consecutiva de los senadores.
El margen de acción se reduce pero no totalmente. Gobernar en la segunda etapa de un periodo de gobierno es posible y tiene sentido. Consolidar lo que ha dado buenos resultados, principalmente la reforma educativa, y preparar el terreno para quienes sucedan en el gobierno puedan encarar las prioridades.
Director de Flacso en México.
@ pacovaldesu