A consecuencia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha abierto el debate nacional sobre el uso recreativo de la marihuana. El gobierno realizará una consulta y el tema seguirá en los medios de comunicación y ocupará un lugar central en la opinión pública en los meses por venir.
Un rasgo de la decisión tomada por la Corte es que cumple con su función orgánica como un poder contramayoritario al proteger un derecho de minorías. La consulta nacional no debe enderezarse en contra de esta protección, sino que la debe incluir y respetar. Un Estado democrático tiene la obligación de proteger los derechos de las minorías, así como los intereses de la sociedad. Ciertamente no será un equilibrio fácil de conseguir, pero la consulta gubernamental federal y las de los estados deberían conciliar ambos principios sin caer en la tentación de imponer, una vez más, un criterio prohibicionista y un enfoque de criminalización del consumo de drogas médicamente aceptables.
Para encarrilar una consulta con este enfoque sería menester comprender cabalmente el tamaño de las asignaturas pendientes que tenemos con la edificación de un Estado moderno y democrático. La experiencia de lucha contra el narco ha dado resultados negativos. Si bien se han movilizado gran cantidad de recursos económicos, organizativos, militares y policiacos, sociales e internacionales, la guerra está perdida. Se ha llegado a un status quo en que la “guerra” forma parte de la “normalidad”. Es un hecho habitual, cotidiano que padece todo el país, sin que haya razones para suponer que en algún momento podría terminar. Sin cambios de estrategia, seguirá siendo una “guerra” que llegó para quedarse; no hay alicientes para que termine, ni de un lado ni del otro. Salvo el hartazgo general que no es un poder pero debería ser considerado por las autoridades como un motivo para aplicar una política diferente. En las circunstancias actuales, los recursos desplegados por la delincuencia organizada de un lado y de las fuerzas del Estado por el otro se encaminan a una situación en la que no hay ganador, sólo jugadores inmersos en una dinámica destinada a durar una eternidad. El debate tiene que tomar en consideración esta realidad. Salvo que alguien disponga de mejor información y con ella pueda decir lo contrario, el problema delincuencial y el de salud pública han aumentado. Además, las consecuencias de la guerra contra el narco han causado bajas inocentes en tal cantidad que debería considerarse seriamente que el círculo vicioso no será roto por vía de las recetas conocidas.
Un cambio de estrategia implica reconocer de frente los problemas y actuar en consecuencia. El Estado mexicano no puede enfrentarse solo al creciente fenómeno de las mafias criminales. El Estado mexicano no puede sostener una respuesta inteligente al problema bajo el actual paradigma de política económica, que dicta que se cobren menos impuestos y se cobren en escala regresiva mientras las necesidades de gobernabilidad y salud pública eficientes crecen. El Estado mexicano no puede enfrentar el desafío del narcotráfico sin negociar con Estados Unidos un cambio en la política de ese país hacia el problema y un reconocimiento de su responsabilidad en la demanda de narcóticos. El Estado mexicano no puede combatir eficazmente al crimen organizado sin dedicar más inteligencia que fuerza a disuadirlo, disolverlo y mantenerlo a raya. El Estado mexicano no puede confrontar al crimen organizado mientras sus instituciones estén carcomidas por la corrupción.
En cada uno de estos renglones hay asignaturas pendientes y cada una de ellas tiene mar de fondo. El tema amerita una reconsideración de las políticas con visión de Estado que es impostergable so pena de más daño a la integridad de la sociedad.
Director de Flacso en México.
@pacovaldesu