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La mayor transgresión del sainete en que metieron al consejero presidente del INE no son sus dichos ni los de su interlocutor, sino el de los espías y sus colaboradores, que divulgaron una conversación privada para desestabilizar a la autoridad electoral. El enojo en las redes sociales puede justificarse o no dependiendo de los dichos trascendidos y de las opiniones y valores de los usuarios, pero el blanco preciso no es la persona, sino la institución y su capacidad para conducir a buen término el proceso electoral de 2015. Veremos si el daño es controlado, lo cuál es de interés público.
Desde hace varias generaciones de integrantes del Consejo General del INE se ha evidenciado la prepotencia de los partidos políticos para imponer sus condiciones al árbitro. Los jugadores, en su doble carácter de contendientes y legisladores, le van cambiando las normas legales para cometer en la cancha faltas a discreción, evadiendo las consecuencias. Pues resulta que el árbitro esta vez no se deja y ha impuesto severas medidas de supervisión y fiscalización electoral, lo que ya tiene a más de uno contra las cuerdas. Independientemente de lo que se piense de la calidad del marco jurídico que regula las campañas (en mi opinión es esperpéntico), nadie puede violar las reglas porque le da su gana. Estas son decisiones legislativas y reglamentarias que deben ser obedecidas y castigada su transgresión. Igualmente, tiene que ser penado el espionaje, que esta vez se dirigió contra el titular de una institución vulnerable y mañana puede usarse contra cualquier ciudadano y sus actividades políticas, inclusive contra los “buenos” de las redes sociales.
Al sarcasmo resonante en las palabras del consejero presidente se suma la hipocresía ampliamente extendida que resguarda opiniones privadas de las que se profieren en público. El olor a santidad con que se envuelven las buenas conciencias oculta lo fundamental del episodio: el espionaje como arma política. Es cierto que nos vamos acostumbrando día a día a que las herramientas de las nuevas tecnologías son tan poderosas que pueden penetrar los secretos del Pentágono, pero también los actos privados de los dirigentes, hechos de corrupción injustificables y las vidas privadas. Todo esto suele permanecer en un limbo donde el escándalo aplasta el sentido de justicia, en donde el valor de lo público se trastoca en transgresión a los espacios privados. Si Lorenzo Córdova fuese sólo un investigador de la UNAM, a nadie importaría un bledo su opinión sobre cualquier tema, excepto a los especialistas y a los escasos círculos de la opinión educada. En este caso, su “opinión” fue extraída con todas las calificaciones de un delito de orden penal y con potenciales consecuencias de desestabilización de una institución asediada por poderes políticos y económicos a los que molesta por cumplir con sus deberes de fiscalización. Así como las confesiones bajo tortura, los trascendidos por vía del espionaje deberían ser despreciados por la opinión pública, para desincentivar su uso. No hay que engañarnos: lo buscado es dañar la imagen del consejero presidente y el secretario ejecutivo para descarrilar al INE, restarle autoridad en el proceso electoral y, en lo posible, marginarlo del juego para que la cancha sea escenario de aberraciones aún mayores a las que hemos visto.
Faltan 15 días para las elecciones. En dos semanas pueden pasar muchas cosas. Lo que no debemos permitir es que los que lanzaron la carambola se salgan con la suya. No podemos aceptar que la calidad moral del INE sea rebajada al mismo nivel de valoración que tienen las marrullerías de los partidos y la mísera calidad de los mensajes que mandan a la ciudadanía. Las autoridades competentes deberían proceder expeditamente en contra de los responsables del delito de espionaje y lo que se acumule. De otro modo todos seremos víctimas del chantaje.
Director de Flacso en México.
@pacovaldesu
