En la semana entre el 17 y el 21 de agosto se llevaron a cabo dos eventos que deberían ser de gran relevancia en materia de seguridad y justicia para el país: el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores. Ambos acontecimientos convocan al gabinete de seguridad por completo, gobernadores y a las demás autoridades del área de seguridad y justicia del país y, en teoría, deberían ser los espacios clave para la formalización de acuerdos en esta materia.
Sin querer demeritar el esfuerzo en ambos eventos, debo decir que veo con suma desconfianza estos espacios. En los estudios presentados por el Observatorio Nacional Ciudadano en materia de trata de personas, extorsión, secuestro, robo y homicidio, hemos dado cuenta de cómo dichos acuerdos realmente son un recuerdo para la foto pero rara vez se llegan a implementar cabalmente. Ejemplos concretos: los acuerdos en materia de feminicidio, protección a periodistas, en materia forense, en combate al secuestro o a la trata de personas y en el fortalecimiento a la Cultura de la Legalidad. Los acuerdos se firman, pero rara vez se llegan a implementar, o si se implementan, sólo se hace en algunas entidades.
Es así que el hecho de respetar los acuerdos debe ser básico y natural en cualquier situación, en materia de seguridad y justicia en nuestro país, el respeto al acuerdo es la excepción a la regla.
Por lo tanto creo que es importante que nos preguntemos cuál es el motor que mantiene vivos a dichos eventos. Con base en la evidencia sabemos que las declaraciones de avances en materia de seguridad son el común denominador, es decir se privilegia la imagen política.
Lamentablemente lo anterior me lleva a tener que matizar las declaraciones que da la autoridad. Las aparentes bajas en las denuncias de algunos delitos no significan necesariamente mejoras para la vida de los ciudadanos. No es posible que se siga dejando a un lado el aumento de la cifra negra —delitos no denunciados— en los últimos años, las graves fallas en los registros estadísticos de los delitos o la crisis de desapariciones forzadas.
¿Ha bajado la incidencia de ciertos delitos? A nivel nacional parece que sí, lo que no significa que mejor sea sinónimo de bien. De hecho, contamos con evidencia suficiente para decir que otros delitos se han agravado y que en algunas zonas del país las cosas están cada vez peor.
Es fundamental que antes de que se den más declaraciones triunfalistas recordemos lo que deberíamos haber aprendido de las recurrentes crisis de inseguridad en el país: el delito es multi-factorial y ante instituciones endebles las disminuciones no se mantienen.
De esos factores quiero destacar dos relacionados con las crisis de seguridad de los 80’s, 90’s, y mediados del 2000: el internacional y las crisis económicas.
Si pensamos en la última crisis, la que inicia en 2006, las condiciones internacionales (la implementación del Plan Colombia, el cierre de la ruta del Caribe, el aumento de la dificultad en el trasiego de la droga hacia EU, y otros) no se pueden minimizar. Hoy, la creciente legalización de la mariguana y el aumento de consumo de la heroína en EU es un factor a considerar en particular para tratar de explicar la violencia en Guerrero, entidad donde se produce amapola.
Ahora, la innegable crisis de la economía mexicana, además de la crisis internacional ¿pueden ser un factor de riesgo? Tal vez sí. No se puede pensar en el aumento en la incidencia delictiva en 80’s, 90’s, a partir del 2008, si eliminamos este factor. ¿Están teniendo nuestras autoridades en cuenta esto para lo que viene? Lo dudo, sus declaraciones y las políticas económicas, financieras, laborales, sociales y de seguridad no permiten entender que este factor se esté considerando.
Urge que nuestra autoridades realicen un análisis crítico para generar políticas que fomenten el desarrollo humano y social de las personas en un proceso gana-gana donde el Estado podrá disminuir los costos de seguridad, justicia y reinserción social al tener una menor cantidad de personas involucradas en eventos delictivos y al mismo tiempo aumentará la base de recaudación tributaria y la sociedad vivirá condiciones mejores de seguridad y desarrollo pero, sobre todo, se salvarán millones de vidas afectadas directa o indirectamente por el delito.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
@frarivasCoL
