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El pasado domingo se llevaron a cabo comicios en Venezuela, convocados por el oficialismo, para elegir a los 545 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). De acuerdo con información oficial, se contó con la participación de 8 millones 89 mil 320 ciudadanos (41.53 por ciento), de los más de 19 millones de convocados, los cuales serían superiores a los que habrían votado en la consulta no oficial contra la elección de la ANC, organizada por la oposición venezolana el pasado 16 de julio, y en la cual habrían participado 7.2 millones.
El gobierno venezolano buscó con esta medida no sólo ganar un poco de legitimidad para hacer frente a su creciente aislamiento diplomático, sino aislar al Congreso, dominado por la oposición, de las decisiones trascendentes que se avecinan en esa nación.
En respuesta a las elecciones de la Asamblea Constituyente, varios países de América y Europa desconocieron o censuraron la votación. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, España, EU, México y Perú se sumaron al rechazo que ya habían expresado los gobiernos de Colombia y Panamá. El gobierno federal mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó que no reconocía los resultados de dicha elección.
La postura de México se suma a otras acciones adoptadas por nuestro país de abierto injerencismo en contra de Venezuela. El gobierno federal, a través de la Cancillería y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se sumó incomprensiblemente en días pasados a las sanciones económicas contra funcionarios del gobierno de ese país, que fueron anunciadas por la administración del presidente de EU, Donald Trump, por “menoscabar la democracia y los derechos humanos”.
Existen diversos factores geopolíticos que enmarcan el acontecer en Venezuela que es preciso describir y explicar con el fin de desnudar algunos intereses que se encuentran detrás del proceso de desestabilización emprendido por diversos países desde hace algún tiempo en aquella nación:
EU y gobiernos latinoamericanos que buscan restaurar el neoliberalismo en la región buscan extirpar cualquier reducto que se vincule con las experiencias progresistas de integración latinoamericana desde una perspectiva de izquierda que pretenda garantizar el control soberano sobre importantes recursos estratégicos como el petróleo y la biodiversidad.
En este orden de ideas, la decisión del gobierno federal mexicano de sumarse a la administración Trump para sancionar a funcionarios de Venezuela representa una enorme sumisión a Estados Unidos que violenta la tradición de la política exterior de nuestro país. Este precedente constituye para México y para la región un ejemplo deplorable.
El cambio de posición impulsado por el gobierno federal con respecto a la crisis en Venezuela no sólo significa un agravio en contra de la diplomacia mexicana y un atentado que hiere nuestra tradición de política exterior de no intervención y de solución pacífica de las controversias en los asuntos internos de otros Estados; es también la confirmación de que el canciller Videgaray no es más que un emisario directo de los intereses hegemónicos estadounidenses en Latinoamérica.
Es un enorme error intentar hacer juicios sobre la intervención del gobierno de Venezuela en la institucionalidad electoral de aquel país cuando en México el gobierno federal utiliza todos sus recursos y poder para imponer a los candidatos del partido oficial, como sucedió recientemente en las elecciones del Estados de México y Coahuila.
El Ejecutivo federal debe apegarse de manera irrestricta a los principios normativos de política exterior consagrados en la fracción décima del artículo 89 constitucional, particularmente la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. México no debe seguir haciendo el trabajo sucio a EU en América Latina y debe retomar la política exterior de la paz y la reconciliación, y no la de la guerra y la división, la que impulsan Peña Nieto y Videgaray.
Finalmente, nos manifestamos a favor de los esfuerzos que están llevando a cabo un grupo de ministros latinoamericanos para ayudar a la conciliación y a buscar condiciones favorables para una salida pacífica, democrática y soberana a la crisis en Venezuela, y evitar una guerra civil. Deseamos que los hijos de la patria de Bolívar logren procesar sus diferencias en paz.
Coordinador de la fracción parlamentaria
del PRD y presidente de la Junta
de Coordinación Política de la Cámara
de Diputados. @FMartinezNeri
