Estamos en la recta final del actual sexenio que sin duda ha transitado con más errores que aciertos, en el que incluso el titular del Ejecutivo Federal se ha visto involucrado en más de una ocasión en sospechas de tráfico de influencias y corrupción.

Y si de corrupción hablamos, el inquilino de Los Pinos se ha esmerado por desprestigiar la silla presidencial y al país entero ante la opinión pública. Muestra de ello es que según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, México cayó 28 posiciones con respecto al 2015, al pasar del lugar 95 al 123, lugar nada digno.

Lo más alarmante es que el costo de la corrupción oscila de 2 a 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 5 por ciento de las ventas anuales de las empresas, lo que representa un gran obstáculo para el crecimiento del país.

Qué lejano se ve aquel 2012 cuando el aspirante a la presidencia por el tricolor destacaba las “virtudes” del nuevo PRI, con sus renovados rostros gobernando varios estados, entre ellos, Veracruz con Javier Duarte, Quintana Roo con Roberto Borge y Chihuahua con César Duarte, personajes que en aquel enonces eran cartas fuertes y confiables del tricolor.

Hoy, cuatro años después, la resaca de esa renovación priista, deja a estos estados con deudas que podrían llegar a los 186 mil millones de pesos. Ese dinero jamás llegó a donde debía y mucho menos se invirtió en beneficio de los habitantes de dichos estados.

La corrupción del PRI no tiene límites. Las malas prácticas priistas se distinguen de norte a sur. En Chihuahua, el ahora prófugo de la justicia César Duarte Jáquez, durante su administración creó una empresa en la durante meses recibió de las arcas gubernamentales alrededor de 512 millones de pesos. Para colmo dejó al estado como la entidad más endeudada del país, con un déficit económico de 48 mil millones de pesos.

Por su parte, Javier Duarte de Ochoa, quien también cuenta con varios procesos legales para su captura, habría desviado del erario veracruzano 240 millones de pesos de un fondo federal destinado a la seguridad pública, nada más por poner un ejemplo de lo mucho que indebidamente se apropió. Asimismo, durante su gobierno desaparecieron 504 millones de pesos que debieron ir al Fondo Metropolitano. En la docena de averiguaciones que existen sobre los malos manejos de su administración se acumula un monto que alcanza los 13 mil millones de pesos.

En Quintana Roo, Roberto Borge Angulo resultó buen amigo y mejor hijo, pues mientras estuvo a cargo del estado se presume realizó la venta ilícita de terrenos ubicados en zonas de reserva territorial a precios muy por debajo de los costos reales. Los beneficiarios, por supuesto, familiares y su gente cercana. Lo peor del asunto es que mientras ofrecía terrenos a precios irrisorios la deuda pública de la entidad crecía a pasos agigantados. Actualmente se manejan cifras cercanas a los 31 mil millones de pesos, aunque los números siguen en aumento.

Otro caso patético es el del gobernador actual de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien declaró a la prensa que “desconocía“ acerca de las actividades de una de las personas más cercanas a él: Edgar Veytia, Fiscal del estado, quien fue detenido en Estados Unidos por presuntamente llevar a cabo operaciones de narcotráfico, declaración que resulta poco creíble y que, en el entorno del escándalo producido por las conductas del Fiscal, deberían conducir al gobernador a solicitar licencia a su cargo para no obstaculizar las investigaciones y, de paso, no manchar las elecciones que se están llevando a cabo en dicha entidad cuyos candidatos, según se afirma, fueron escogidos por el propio Vieytia.

Y la cereza en el pastel es la captura del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba, en Florencia, Italia, quien era investigado por la PGR desde 2012 por presunto lavado de dinero, delitos fiscales, enriquecimiento ilícito y nexos con el cártel del Golfo.

Como se observa, la corrupción en el PRI no tiene límites y no hay lugar para pensar que esa conducta terminará pronto. Lo que sí acabará es su gobierno, por lo que puedo afirmar que saldrá de Los Pinos en 2018 y dará paso a un gobierno de izquierda que combatirá enérgicamente ese flagelo social.

Coordinador de la fracción parlamentaria del PRD

@FmartínezNeri

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