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@FMartinezNeri
Estamos a días de que termine el segundo periodo del segundo año de la LXIII legislatura en la Cámara de Diputados en que la aprobación o no de la “ley de seguridad Interior” ha sido un tema recurrente.
Dicha ley significaría institucionalizar un modelo de seguridad que profundizaría la participación castrense en tareas ajenas a su vocación. Además, una “ley de seguridad interior” sería inconstitucional porque el artículo 73 de nuestra Carta Magna no faculta a los diputados y senadores a legislar sobre esta materia por más que se afirme que “la seguridad interior” es una vertiente de la seguridad nacional en cuyo caso, debiera primero reformarse la ley correspondiente; sin dejar de subrayar las limitaciones que establecen los artículos 21 y 129 de la Constitución sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.
Dicha propuesta proviene del PRI y contraviene garantías constitucionales, por lo que no resulta compatible con el control de convencionalidad a los derechos humanos, pues pretende legalizar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de investigación y detención de posibles delincuentes.
Ya lo ha señalado, y muy bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando manifiesta que en los regímenes autoritarios “el concepto de seguridad está asociado a conceptos como el de ‘seguridad interior’… en referencia a la seguridad del Estado” y no de las personas. Una ley así tendría por ello serios problemas de inconvencionalidad, por ser contraria a los compromisos internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos.
La decisión de incorporar a Ejército y Marina a labores de las autoridades civiles para recuperar territorios perdidos ante la delincuencia organizada, ha resultado infructuosa. Allí están también los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los de las diversas ONG, así como las denuncias de decenas de miles de familias por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El desgaste físico y la pérdida de prestigio social de nuestras Fuerzas Armadas es otra de las consecuencias negativas. Nos tiene que quedar claro que “el ejército no es policía“, sino una de las pocas instituciones que aún conservan credibilidad por parte de la sociedad y el tenerlas en la calle haciendo una función que no es para lo que están diseñados los tiene ahora con muchos riesgos.
Ante ello, la alternativa de fondo es fortalecer las policías e instituciones civiles de seguridad y con ello dar certeza y condiciones. Tienen razón quienes dicen que debe substituirse el despliegue militar por policías e instituciones civiles, confiables y profesionales. Precisamente por eso, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) buscaremos aprobar en sus términos, la Minuta de Mando Mixto y dejar para la legislación secundaria los detalles operativos que pudieran perfeccionarse; por ejemplo, sobre el plazo y condiciones de las evaluaciones, para no retardar la atención a este importantísimo tema.
Esa es la alternativa de fondo, fortalecer las políticas e instituciones civiles de seguridad y dar certeza a las condiciones en que un orden de gobierno actúa de forma subsidiaria para apoyar a otro. Eso es exactamente lo que plantea la Minuta de Mando Mixto que se avaló con amplio consenso el Senado y que el PRD en la Cámara de Diputados buscará aprobar.
Francisco Martínez Neri
Coordinador de la fracción parlamentaria del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
