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Los primeros cinco meses de la presidencia de Trump nos dejan muchas enseñanzas. Donald Trump llegó a su puesto emitiendo órdenes ejecutivas destinadas a cumplir sus promesas de campaña. Algunas las ha podido mantener, otras no. Dada la autoridad investida en el Presidente de EU, pudo decretar la salida de su país del TPP. Modificó lineamientos para ajustar su política migratoria sin tener que modificar la ley. Intentó persuadir a las grandes empresas norteamericanas mediante amenazas aparentemente creíbles que hicieron —otra vez y sólo en apariencia— desistir a algunos de mantener sus planes de inversión en México. Todo lo anterior pudo hacerlo por sus atribuciones presidenciales.
Fue también capaz de nombrar a sus secretarios y pasar la nominación de un ministro de la Corte que requerían autorización del Senado, a pesar de la fuerte oposición del grupo democráta. Para lograrlo, en ocasiones tuvo que recurrir a instancias extraordinarias: en el caso de la secretaria de Educación, Betsy DeVos, el vicepresidente Michael Pence tuvo que desempatar la votación en el Senado; en el caso de la nominación del ministro de la Suprema Corte, Neil M. Gorsuch, el Senado rompió una regla no escrita —y cuya vigencia databa de 170 años— que requería la aprobación de 60 senadores. El Senado cambió la regla y la nominación de Gorsuch fue aprobada con la mayoría simple de 54 senadores. Sólo así Trump logró sus propósitos.
Otras órdenes ejecutivas corrieron con menos suerte. Empezó con la prohibición a la entrada de los ciudadanos de 7 países de población predominantemente musulmana, y asimismo se frustró la orden de construir el famoso muro en la frontera con nuestro país. Trump se topó con el Poder Judicial en el primer caso, y con la Oficina de Presupuestos del Congreso en el segundo. Un juez de distrito del estado de Washington y otro de Massachussets determinaron que la prohibición era ilegal, sentencia que luego ratificó un juzgado colegiado de California. En el caso del muro, simplemente se le dijo al Presidente que no había dinero. El grupo demócrata del Congreso obligó al Presidente a ceder en ese intento so pena de no aprobar el presupuesto que requería para no detener la operación gubernamental. Fue entonces que Trump tuvo que retrasar su proyecto hasta el presupuesto del siguiente año fiscal. En otros casos, como la modificación de los lineamientos para procesos de deportación de indocumentados, la reacción fue, además, de la sociedad civil. Tanto organizaciones civiles como muchos ciudadanos no organizados se movilizaron rápidamente en aeropuertos, en las calles, en los consulados o en las oficinas migratorias. La resistencia civil ha sido muy importante. Desde un inicio, también se sumaron los medios, mismos que han sido fundamentales al realizar una constante labor de escrutinio periodístico. Eso ha evitado, hasta ahora, que Trump pueda llevar a cabo algunas de sus propuestas claramente racistas y xenófobas, aunque el peligro persiste. Aún en Estados Unidos, las instituciones están a prueba.
Ahora bien, imagínese si hubiera llegado un Trump a la Presidencia de México. La mayor parte de sus locuras hubieran pasado como un cuchillo caliente en mantequilla. Es difícil imaginar que un juez federal se hubiera interpuesto en las decisiones presidenciales. ¿Se vería en México la misma generosidad mostrada por la sociedad norteamericana corriendo a los aeropuertos para defender a los viajeros de países musulmanes? ¿Estaríamos presenciando al titular de la Fepade, de la PGR o de algún otro órgano del Estado denunciando actos ilícitos del presidente como lo ha hecho James Comey? Tampoco parece creíble que desde la Secretaría de Hacienda le hubieran dicho que no había dinero para algún proyecto. El Senado, para el caso de aprobar sus nominaciones, también hubiera doblado las manos como lo hemos visto en el pasado reciente. Todo esto no es hipotético. Podría suceder en México si no cuidamos, atesoramos e impulsamos nuestras instituciones. Puede suceder si no protegemos y blindamos a quienes las dirigen. También puede suceder en México si permitimos el hostigamiento a las ONG que analizan, cuestionan, señalan y defienden. No se deben inhibir las acciones de una sociedad organizada que cumple con la ley, que muestra la inconformidad ante abusos de autoridad, corrupción e impunidad.
¡Qué bueno que Trump no llegó a México! Pero nada garantiza que una persona como él no llegue a la Presidencia de nuestro país en 2018. Por tanto, es indispensable cuidar nuestras instituciones, asegurar que quienes las dirijan sean las personas más idóneas, lo hagan adecuadamente y que los gobiernos se abstengan de presionarlos y hasta callarlos. Y en cuanto a la sociedad organizada, que mantengamos la actividad, seriedad y resolución en nuestro trabajo. Y una petición concreta: ¡Ya liberen los recursos para el Sistema Nacional Anticorrupción!
Centro de Estudios Espinosa Yglesias,
A.C. @ecardenasCEEY
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