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México se ha convertido, en unos cuantos años, en uno de los países donde más periodistas han sido asesinados. Sólo en este año se cuentan ocho, el último de ellos, Javier Valdez Cárdenas, el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. Le precedieron Filiberto Álvarez Landeros, Juan José Roldán, Máximino Rodríguez Palacios, Miroslava Breach, Ricardo Monlui Cabrera, Cecilio Pineda Brito y Jonathan Rodríguez. En los últimos 16 años, al menos 114 periodistas han sido asesinados en México, según la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión.
Ésta es una señal lamentable que muestra la barbarie de la violencia en el país y, al menos, la incapacidad del gobierno de promover un ambiente propicio para la libertad de expresión. La creación de la fiscalía especializada no ha sido suficiente y prevalece la impunidad. Existen muchas pistas que apuntan a que los victimarios son miembros del crimen organizado, pero también hay pistas de que el propio gobierno, sea un presidente municipal o la policía local o estatal, están involucrados en algunos de esos asesinatos. Todos los periodistas tuvieron como preámbulo una o varias amenazas que eran avisos de lo que podría sucederles si seguían investigando y reporteando historias, noticias, modus operandi de grupos delictivos y sus complicidades con miembros del gobierno.
El problema es serio. Existen muchos otros casos de amenazas creíbles que (afortunadamente) no han terminado en ejecuciones. En muchos casos, ha habido allanamiento de oficinas para robar equipo y amedrentar a periodistas, incursión en los domicilios con el mismo propósito, u otras formas de amedrentamiento y amenaza.
Pero los periodistas no son los únicos amenazados por la autoridad o por grupos delictivos. Los casos de activistas sociales asesinados que defienden los derechos humanos, o derechos comunales de tierras, agua o riqueza minera, por ejemplo, son numerosos y se cuentan por los cientos. El problema es tan grave que el propio gobierno ha tenido que asignar personal para su protección. De acuerdo con cifras dadas a conocer por Roberto Campa, subsecretario de Gobernación, están en el mecanismo de protección 538 periodistas y defensores de derechos humanos. Pero eso no ha sido suficiente para evitar la muerte de decenas de ellos.
En tiempos recientes organizaciones civiles y algunos de sus miembros también han sido espiados, amedrentados, amenazados, por divulgar información que es crítica de los actos del gobierno, o por hacer análisis que compromete a funcionarios públicos y gobernantes. El señalamiento de casos de corrupción, que han sido notorios y graves, o del pobre desempeño de la acción pública y sus ramificaciones políticas y económicas, como casos de seguridad, violencia u otros más específicos, como la divulgación de excesos presupuestarios de autoridades, entre otros, también han originado diversas formas de “advertencias”, presiones e incluso acusaciones abiertas. El martes pasado un grupo de organizaciones civiles abandonaron la Alianza por un Gobierno Abierto al perder la confianza en ese mecanismo. Mexicanos Primero y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por ejemplo, han sido asediadas, hostigadas y presionadas para no seguir con su trabajo. La sede de Ciudadanos por una Causa en Común fue allanada y les robaron computadoras con toda la información significativa; curiosamente, los ladrones no tocaron nada más. El CEEY, la institución que dirijo, fue públicamente amenazada por el senador Carlos Puente del PVEM de que solicitaría una auditoría fiscal por motivo de nuestra oposición al nombramiento ilegal de Paloma Merodio como vicepresidenta de INEGI. Otro ejemplo más de estos mensajes lo puedo dar en primera persona. El actual secretario General de Gobierno de Puebla (que continúa desde el sexenio anterior), el pasado 12 de mayo en sus oficinas, me solicitó dejar de hablar sobre la gestión de Rafael Moreno Valle y el endeudamiento que dejó en el estado: “Para qué te metes en problemas... no tiene caso seguir con ese tema”.
Todas éstas son “advertencias” que poco suman a nuestra vida democrática. Más bien la deterioran y lastiman. La acción de gobierno, en cualquiera de sus niveles, es acción de interés público y la ciudadanía tiene pleno derecho de conocer lo que ocurre. Por nuestra parte, las organizaciones y profesionales de las organizaciones civiles tenemos la obligación de hacer un trabajo lo más serio, fundamentado y profesional posible al emitir nuestros reportes y presentar nuestros análisis, en un contexto de rendición de cuentas.
Una cosa son las amenazas del crimen organizado, “plomo o plata”, y otras muy distintas son aquéllas que provienen de gobierno, de la autoridad, o sus representantes. Las primeras son ejemplo de la cruenta violencia que vivimos. Las segundas de gobiernos autoritarios que sólo pueden gobernar con el uso del poder irrestricto, a costa de las libertades más sagradas: la de pensamiento y la de expresión.
Enrique Cárdenas Sánchez
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.
ecardenas@ceey.org.mx
@ecardenasCEEY
