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A fines del año pasado, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) tomó la decisión fundamental de separar los aumentos al salario mínimo en dos partes: una sería el de la inflación del año anterior; la otra, el aumento para recuperar gradualmente el nivel del salario mínimo para que éste por lo menos cubra una línea de bienestar definida por el Coneval. A esta segunda parte se la llamó el “monto independiente de recuperación” (mir) y se acordó que en mayo se revisaría de nueva cuenta para hacer un segundo ajuste y acercarse más a la línea de bienestar. De ahí esta discusión.
La reticencia al ajuste del salario mínimo se desprendía de tres factores principales; a saber, que sería inflacionario, que movería otros salarios además de los mínimos y que aumentaría la informalidad. Nada de eso ha ocurrido. Primero, y con base en el Banco de México, la inflación observada en los primeros meses del año obedece a los ajustes al precio de la gasolina y del diesel, no al salario mínimo. Segundo, la Conasami determinó de manera más que atinada el “mir” mencionado y eso evitó que los sindicatos trataran de negociar los ajustes a sus salarios con base en el mínimo. Tercero, es muy pronto para aquilatar su impacto en la formalidad, pero los datos de los últimos años muestran que ésta ha aumentado debido a los esfuerzos del gobierno federal al introducir el Régimen de Incorporación Fiscal, y al IMSS con el Régimen de Incorporación a la Seguridad Social. De acuerdo con cifras del SAT y de la SHCP, el padrón de causantes ha crecido de 3 millones 400 mil a 4 millones 708 mil entre 2012 y 2016.
Aún pienso que el aumento de 7 pesos del “mir” en enero pasado no ha tenido ninguno de estos efectos que se preveían por algunas autoridades, empresarios y analistas: el monto del salario mínimo todavía es inferior al salario más bajo que los trabajadores están dispuestos a aceptar. El monto tan bajo del salario mínimo legal sigue funcionando como un “efecto faro inverso”, el cual jala los otros salarios a la baja. En otras palabras: un empresario puede estar tranquilo porque paga más que el salario mínimo, incluso el doble, y considera que su trabajador está bien retribuído. Y sin embargo, ese salario no es suficiente para mantener a una familia de tres personas por encima de la línea de pobreza.
La recuperación del salario mínimo legal es indispensable por varias razones. Primero, porque así lo establece la Constitución. La Conasami, como órgano del Estado, no se había preocupado de que el salario mínimo legal fuera suficiente para cubrir una vida digna. No es posible que un órgano del Estado, como es el Coneval, señale el monto mínimo de supervivencia y que la Conasami, otro órgano del Estado, determine un salario mínimo legal que no alcance para cubrir las necesidades más básicas. Segundo, se debe evitar el “efecto faro inverso” para mejorar los salarios de los trabajadores con ingresos más bajos por motivos mínimos de justicia y equidad. Aquí hay un factor de desigualdad que el mismo Estado ha creado en nuestro país. Una empresa que sólo pueda pagar salarios que destinen a sus trabajadores a la pobreza no puede, éticamente, generar utilidades. Tercero, porque ayuda a la economía para desarrollar el mercado interno. A partir de la depreciación del peso de los últimos dos años, las importaciones se han vuelto más caras y la demanda de las personas se está redirigiendo a bienes de origen nacional. Con base en datos del Inegi, el consumo de bienes nacionales ha crecido casi 4% anualmente en términos reales desde 2015, mientras que el gasto en bienes de consumo de origen importado se ha estancado. Lo mismo ha ocurrido con la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional e importado. El mercado interno se consolida cada vez más y cualquier empujón por el lado de la demanda ayudará a su crecimiento. También se debe atender la inversión en el lado de la oferta, pero esa es otra historia.
¿Cuándo hacer el ajuste? ¡Cuanto antes! Sin duda volverá a salir el argumento de que no es oportuno por las elecciones próximas, o por la negociación del TLCAN, o si dado el gasolinazo ahora sí habrá repercusión inflacionaria, o que no estamos 100% seguros de que no hubo “efecto faro”. Estos y otros pretextos se esgrimirán de nuevo, pero la realidad es que la Constitución no se cumple, la desigualdad es enorme y los niveles salariales son sumamente bajos. La Conasami —y especialmente sus miembros empresarios y sindicatos— tienen una responsabilidad con México que deben cumplir.
Centro de Estudios Espinosa Yglesias,
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