Y arrancó el año con un malestar general: “el gasolinazo”, mismo que se debe a la liberalización de los precios de las gasolinas, a su vez consecuencia de la reforma energética de 2013. La molestia no es injustificada. Enfrentar aumentos de más de 15% atenta directamente contra el bolsillo de la gente. La paradoja es que esta parte de la reforma energética es una buena decisión, pero contradice lo prometido por el Presidente, no se ha explicado bien y, sobre todo, el gobierno actual no tiene autoridad moral para cobrar impuestos.
Permítanme situar el tema en su contexto histórico. En 1938 y a raíz de la expropiación petrolera, Pemex inició operaciones como monopolio estatal. A partir de entonces, año con año el país subsidió los energéticos con el propósito de disminuir costos para la planta productiva y estimular la expansión económica. En el camino, Pemex y su sindicato se apropiaron de la empresa y, poco a poco, Pemex se convirtió en un botín que generaba rentas para su propio beneficio. Las prebendas del sindicato iban desde el derecho a realizar obra, hasta planes de jubilación no menos que exorbitantes.
Los años del auge petrolero de la década de los setenta hicieron de Pemex una pieza fundamental en la estrategia del desarrollo nacional. Desde entonces, un 35-40% de los ingresos públicos eran petroleros. El excedente petrolero permitió la multiplicación de su capacidad de producción de uno a tres millones de barriles diarios. Por su parte, el sindicato se volvió un bastión de apoyo político a los gobernantes a grado tal, que su abultado poder y soberbia lo llevó hasta el chantaje.
Al inicio de su sexenio, Carlos Salinas encarceló al líder sindical Joaquín Hernández Galicia, La Quina, y el sindicato de nueva cuenta se plegó al Presidente, pero sin disminuir sus excesos ni prebendas. Las vacas gordas llegaron años después, cuando al inicio del siglo el precio del petróleo superó los 100 dólares por barril. Este auge se prolongó durante los gobiernos de Fox y Calderón. Los excedentes petroleros se destinaron a gasto social y a subsidios energéticos. Éstos llegaron a niveles históricamente elevados, de hasta tres puntos porcentuales del PIB (más de 500 mil millones de pesos de hoy).
Al ser caro el petróleo, la gasolina se compraba a precios elevados, pero se vendía no sólo barata sino por debajo del precio al que se adquiría en el extranjero. Los beneficiarios directos éramos los conductores de automóviles. Entre más fuese nuestro consumo de gasolina, mayor el subsidio que recibíamos: de 3 a 4 pesos por litro.
Ahora bien, a partir de 2014 el panorama se revirtió. El precio del petróleo se colapsó hasta llegar a unos 35 dólares por barril y así se ha mantenido. Los ingresos del gobierno resintieron la drástica baja y el gobierno tuvo que ajustarse. ¿Qué hizo? No disminuyó el gasto, sino que contrató deuda y elevó otros impuestos. En particular, aquéllos a las gasolinas y a la comida chatarra. ¿Por qué no nos dimos cuenta que el gobierno aumentó los impuestos a las gasolinas desde 2014? Porque su precio al público no se modificó. La reducción del precio del petróleo redujo el precio internacional de las gasolinas y, por ende, el costo de “producción” de la gasolina que Pemex nos vendía. Pero esa reducción de precio no pasó al consumidor, sino que se convirtió en impuesto (sin avisarnos realmente). Ello permitió al gobierno contrarrestar parcialmente la caída del petróleo, que hoy apenas contribuye con 17% de los ingresos públicos.
A partir del 1 de enero de 2017, el mercado de gasolinas comenzó su liberalización. Debido a la depreciación de 15% del peso en los últimos meses, el precio internacional de la gasolina en pesos ha aumentado. Como el impuesto se ha mantenido fijo, su precio en México también aumentó. Eso es lo que estamos viviendo.
El gobierno no ha sabido comunicar esta historia. Quizás ahora se arrepienta de no habernos informado su estrategia hace dos años y de haber mentido al prometer que el precio de la gasolina no aumentaría más. ¿Por qué no lo hizo? Creo que no se sintieron con la autoridad moral para decirnos que, en realidad, estaban aumentando los impuestos a la gasolina.
La nube de corrupción generalizada, los bonos extraordinarios a legisladores y funcionarios y otros excesos de la clase política, así como la mentira de que los precios de los energéticos bajarían, provocan gran enojo social. Ahora que se ha hecho transparente que el gobierno cobra impuestos por el consumo de la gasolina, queda al desnudo su falta de autoridad moral para cobrarlos. Por eso la gente está enojada… y tiene razón.
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.
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