El recién nombrado secretario de Hacienda José Antonio Meade presentó el paquete económico para 2017, que ha sido foco de atención pública en los últimos días. Para la mayoría de los analistas, la estrategia del presupuesto presentado es congruente con la necesidad de brindar estabilidad macroeconómica, pero implica un recorte al gasto muy fuerte, necesario, y muy difícil de implementar.
De nuevo estamos frente a la misma promesa, que en los últimos años no se ha cumplido.
Cuando algún historiador económico revise las finanzas públicas de los primeros cuatro años de Enrique Peña Nieto, seguramente llegará a conclusiones como las siguientes:
a) Que la debilidad de las finanzas públicas se venía arrastrando por decenios y que se había profundizado a raíz de la presidencia de Vicente Fox, quien había aumentado irresponsablemente las participaciones a los estados. Parecía uno de los costos de la transición hacia la democracia.
b) Que la debilidad provenía de una base gravable limitada y de una histórica dependencia de los recursos del petróleo para financiar más de un tercio del gasto público. Los ingresos tributarios eran muy limitados bajo cualquier estándar y que se había postergado repetidamente una reforma fiscal que aumentara significativamente la recaudación.
c) Que si bien había voces que alertaban sobre las consecuencias devastadoras que una reducción del precio del petróleo tendría, los gobiernos repetidamente ignoraron esas advertencias y continuaron aumentando el gasto.
d) Que el aumento de la deuda pública fue una de las consecuencias de los excesos de gasto y de las limitaciones para obtener mayor recaudación fiscal, y que a partir de 2008 el gobierno federal comenzó a tener un déficit primario (a saber, pedir prestado para pagar intereses de la deuda). La crisis internacional de 2008 introdujo volatilidad financiera y presiones sobre el tipo de cambio en un contexto de bajo crecimiento económico.
e) Que al inicio de la administración del presidente Peña Nieto se llevaron a cabo reformas estructurales importantes, como la energética, la educativa, la fiscal, de telecomunicaciones, etc., que se esperaba desatarían un mayor crecimiento económico en los años por venir. Para alentar el crecimiento, el gobierno recurrió a un déficit fiscal mayor con la promesa de que se reduciría dos años más adelante por el aumento del PIB que debía ocurrir.
f) Que entre las reformas realizadas, la ambiciosa reforma fiscal aumentó la tasa del impuesto sobre la renta, amplió los impuestos al capital, el IVA y los impuestos especiales a la comida chatarra, entre otros ajustes fiscales. No obstante, la reforma no generalizó el cobro del IVA a todos los productos y servicios.
g) Que al iniciar el segundo año de gobierno, el precio del petróleo inició una súbita trayectoria descendente y continua que en un inicio fue contrarrestada parcialmente por las coberturas que había comprado el Banco de México para esta eventualidad. La reducción de los ingresos petroleros aumentó el déficit fiscal y no se cumplieron las metas gubernamentales.
h) Que en el tercer año de gobierno, la caída del precio del petróleo continuó todavía más, pero su impacto negativo se contrarrestó parcialmente por la recaudación adicional debido a la reforma fiscal, y por las coberturas del Banco de México. Sin embargo, y a pesar de las promesas del gobierno, el gasto público siguió su aumento en todas las secretarías, también gracias a aumentos de las pensiones, lo que acrecentó el déficit primario del gobierno. Endeudamiento para pagar intereses de la deuda.
i) Que en el cuarto año, el gobierno volvió a insistir en su compromiso con la estabilidad y anunció recortes parciales sobre el presupuesto aprobado para 2016. No obstante, los recortes no ocurrieron y el endeudamiento continuó. Para la elaboración del presupuesto de 2017, el gobierno anunció un nuevo recorte presupuestal, que recaía esencialmente en las secretarías de Estado, y nuevamente prometía que habría un superávit primario por primera vez en casi un decenio. El presupuesto lo hizo Luis Videgaray, quien no cumplió en las ocasiones anteriores, y lo tendría que ejercer José Antonio Meade, quien tuvo déficits primarios cuando fue secretario de Hacienda con el presidente Calderón.
En resumen, el historiador económico concluirá que el aumento de las pensiones y de los intereses de la deuda pública, la caída del precio del petróleo, la reticencia o incapacidad del gobierno para efectivamente disminuir el gasto público, y una situación externa complicada, colocaron a México en una situación de enorme debilidad fiscal que amenazaba gravemente la estabilidad macroeconómica. Que el gobierno prometía, por enésima vez, que recortaría el gasto en 239 mil millones de pesos, pero que no se veía cómo lo podía hacer, ni la lógica de dónde podía recortar. Que había muchas dudas, que los mercados estaban escépticos y que las calificadoras de riesgo habían disminuido las perspectivas para México.
A diario se escribe la historia. En su momento, el presiente Zedillo hizo un ajuste semejante en los años noventa. Esta vez, el gobierno no puede incumplir su promesa y el secretario Meade, con el apoyo presidencial, debe lograrlo. Las consecuencias de no llegar a tener un superávit primario son muy negativas para todos. No podemos poner en riesgo la estabilidad, no podemos repetir la historia de los últimos años.
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.
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