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Se dice que la pobreza nos indigna a todos, pero su perpetuación por la falta de movilidad social que permita que aquellos que nacen en hogares poco privilegiados puedan avanzar en la escala socioeconómica, desgarra el tejido social. La falta de oportunidades para todos perpetúa la desigualdad, y la perpetuación de la desigualdad acrecienta la esclerosis social. De acuerdo con la Encuesta de Movilidad Social del CEEY, 48% de quienes nacen pobres, hagan lo que hagan, seguirán en esa condición una generación después. Y sólo 4% de ellos podrán acceder al 20% más rico de la población. El camino más seguro para disminuir la desigualdad es facilitar la movilidad social. Y ello se logra mediante la provisión de las mismas oportunidades para todos, desde antes del nacimiento hasta la muerte.
Igualdad de oportunidades a lo largo de la vida de las personas se dice fácil, pero en realidad encierra grandes retos: nutrición adecuada para todos al menos en la primera infancia, acceso efectivo a la salud y a educación de calidad, un mercado laboral que facilite la absorción de las personas sin discriminación, aseguramiento contra eventos catastróficos, fondos pensionarios para asegurar una vejez digna que no absorba recursos de los hijos que deben mantener a los viejos, entre otros más. La provisión de estos servicios para todos requiere de recursos suficientes y bien utilizados. Se necesitan políticas y estructuras del Estado que aseguren esa igualdad de oportunidades para toda la población (sistema de salud unificado y eficiente, sistema educativo que provea educación de calidad, sistema de pensiones que sea equitativo y justo, y un largo etcétera). Con esas oportunidades, el mérito y el esfuerzo personal marcarán en buena medida las trayectorias de vida de las personas, y por tanto dejarán de depender del lugar en donde les tocó nacer, como ocurre actualmente.
Diseñar las políticas idóneas y contar con los recursos suficientes para financiar esa igualdad de oportunidades para todos necesita, entre otras cosas, información precisa sobre los ingresos y las condiciones de vida de la sociedad en sus diversos ámbitos (rural-urbana, por regiones o ciudades, por edades y grupos étnicos, por niveles de ingreso…). Este último dato, el ingreso de las personas y de los hogares en cada uno de los ámbitos referidos, es indispensable para el diseño correcto de políticas que aseguren la provisión y sustentabilidad de los servicios educativos, de salud, seguros, sistemas pensionarios, etcétera. También es indispensable para conocer el costo de la informalidad, en dónde se ubica y cómo se puede combatir. Conocer el ingreso de los hogares y su composición (cuánto viene del trabajo, cuánto de transferencias como remesas y programas sociales, etcétera) es necesario para saber la capacidad contributiva de la sociedad y cómo debe diseñarse el sistema fiscal, y otro etcétera.
El punto es que conocer la trayectoria y los niveles de las condiciones de vida y de ingreso de las personas es un insumo indispensable para saber cómo vamos, si la política pública está o no cumpliendo sus objetivos, si estamos realmente proveyendo igualdad de oportunidades para facilitar la movilidad social y, por tanto, fortalecer el tejido social y nuestra convivencia armónica. Por eso es tan importante que el debate suscitado en las últimas semanas sobre los datos del Inegi que utiliza el Coneval para medir la pobreza se resuelva bien. Por eso tienen que rendir cuentas y garantizarnos confiabilidad en la información. En una carta abierta promovida por Oxfam México y el CEEY, más de 150 especialistas y usuarios interesados solicitamos al Coneval y al Inegi que hubiera escrutinio de expertos ajenos a esas instituciones, que se hiciera lo necesario para lograr la comparabilidad de la información en el tiempo, que se utilizara toda la información pertinente para medir con la mayor precisión los ingresos de los hogares. Se trata de organismos constitucionalmente autónomos, pero no por ello son soberanos.
Todavía no hemos recibido respuesta. Mientras tanto, en unos días arranca el levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 sin que conozcamos si será o no comparable, no ha habido escrutinio externo, el gobierno federal y muchos estatales han lanzado una estrategia de “recordación” de los subsidios que otorga a la población más pobre. Todo eso difícilmente hará comparables los datos que se obtengan este año con los obtenidos en años anteriores, y no sabremos si estamos haciendo bien o mal las cosas. Tampoco sabremos cuáles son los ingresos de las personas y los hogares, pues no se está haciendo un esfuerzo similar de “recordación” en la población que no recibe subsidios públicos. Y si no tenemos información fidedigna, ¿cómo podemos diseñar y financiar la provisión de servicios que igualen oportunidades para todos, faciliten la movilidad social y eleven el bienestar de la población?
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.
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