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Ser o no ser, esa es la cuestión. En estos momentos de decisión, parece que hay que definirse. O se está a favor de la lucha contra la corrupción, con la implicación que ello llevará —con el tiempo— a un cambio de régimen, o simplemente se prefiere aguantar a que pase el momento con la esperanza de que la bomba le estalle al siguiente en turno. Esa decisión es la que está en juego.
A juzgar por el contenido de las 7 piezas de legislación que componen esta primera etapa de reformas para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Legislativo ha leído adecuadamente la inconformidad y el hartazgo de la gente ante la corrupción. Los avances en la materia, con estas siete reformas, son indudables. Contamos ya con un andamiaje institucional que organiza un sistema con instrumentos, con mecanismos para la prevención de la corrupción, y también para la investigación y sanción de conductas que lleven a cabo funcionarios públicos y particulares que sean consideradas como corrupción.
Hay grandes avances, pero también pendientes y una cuestión casi simbólica que pareció un coletazo de la resistencia al cambio: La intervención del senador Manuel Cárdenas en la madrugada del miércoles de la semana pasada que modificó los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mediante una votación convenientemente económica (sin saber cómo voto cada senador), y su allanamiento por parte de la mayoría priísta en la Cámara de Diputados el jueves siguiente. Los dos artículos fueron como un balde de agua fría, pues empañaron, lamentablemente, todo lo que se había logrado: El artículo 29 introduce un elemento de litigiosidad referente a la publicidad de las declaraciones patrimonial y de intereses, pues sólo serán públicas mientras no afecte la vida privada de las personas. Un dardo envenenado que se complementó con la modificación del artículo 32, en el que se obliga a las personas físicas y morales que hagan tratos con el gobierno o reciban dinero público en cualquier forma o situación, así como quienes se contraten con dichas empresas. Ello quiere decir que muchos millones de personas en el país, desde grandes contratistas hasta los beneficiarios del programa Prospera, estarán requeridos a presentar las tres declaraciones. Es absurdo, hace el sistema inoperable, y por lo tanto lo nulifica.
La respuesta de las organizaciones de la sociedad civil que hemos estado involucradas en el tema fue inmediata y tratamos de hacer ver al presidente de la Cámara de Diputados, antes de la votación, que estas redacciones eran inoperantes y absurdas. No tuvo resultado positivo. Al día siguiente los empresarios de la Coparmex se manifestaron en el Ángel de la Independencia y luego el CCE se reunió con el presidente Peña Nieto para reiterarle su decisión de luchar contra la corrupción, someterse a lo indicado en el nuevo sistema, pero aclarando que ya los privados estaban ampliamente supervisados por el gobierno. Que vetara el artículo 32.
Vale la pena mencionar que la redacción del artículo 32 es a todas luces inconstitucional, por lo que tendrá que modificarse de una manera u otra. La redacción del artículo 29, “las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada…” es de total incertidumbre jurídica, que lo hace potencialmente litigioso y seguramente será la Suprema Corte de Justicia la que terminaría legislando lo que el Poder Legislativo se negó a hacer… dentro de muchos meses.
La moneda está, hasta este momento, en el aire. Hay una fuerte presión para que el Presidente vete esos dos artículos y mande observaciones al Legislativo para corregirlos. Parece haber disposición de su parte para hacerlo. Las observaciones que mande con ese veto, si en efecto ocurre, mostrará finalmente en qué parte de la historia se colocó el Presidente. Dando mayor certeza a la pronta operabilidad del SNA, o más bien aprobándolo pero con miras a obstaculizar y prolongar su entrada en operación efectiva.
Una nota final: el intento de usar las opiniones positivas sobre el SNA de Mauricio Merino por parte del PRI-Verde para validar sus hechos y triquiñuelas son inaceptables y ofensivas para todos los que respetamos el valor de las ideas y de la integridad personal. Va un abrazo, Mauricio.
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.
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