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Hace dos semanas terminó el periodo ordinario de sesiones del Congreso y no se procesó la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El Senado tiene aún la pelota en su cancha. Todo parece indicar que las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y Estudios Legislativos II iniciarán la próxima semana la elaboración del dictamen de las primeras cinco piezas de legislación que están ya muy consensuadas entre los senadores del PRI, Verde, PAN y PRD. Las diferencias entre unas propuestas y otras son en realidad minucias. Lo relevante es que todo lo que debía incluirse en la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3 está… y con toda su cafeína. Ese “atachamiento” o “descafeína” de la Ley 3 de 3 que algunos medios y personajes han argumentado consiste, esencialmente, en que la versión pública de la declaración patrimonial—que no la que se entrega a las autoridades—no incluye el valor de los inmuebles enumerados. Sin embargo, sí especifica el tipo de inmueble, superficie, localización, etc. (Artículo 29 del proyecto del PRI-Verde y artículo 10 de la Ley 3 de 3 que también adoptaron PAN y PRD). A título personal, no me parece que esa diferencia se pueda clasificar como “achatada”, sobre todo si se considera que el Sistema Nacional será presidido por un ciudadano, miembro del Comité de Participación Ciudadana, cuyo nombramiento no habrá de depender de los partidos políticos. El nombramiento proviene de un grupo de notables, seleccionados ex profeso por los otros seis miembros del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, los cuales eligen a los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Visto así, me parece, los proyectos de TODOS los partidos consideran la Ley 3 de 3 con la fuerza que los ciudadanos le hemos querido otorgar.
Sin duda, el balón está en la cancha de los partidos. Ha habido pirotecnia política, intereses electorales para intentar culpar a los oponentes de que son “ellos”, sus opositores, quienes no quieren aprobar las leyes. Esto, a mi juicio, ha entorpecido la dictaminación y aprobación de esta legislación. El balón también está en la cancha de los partidos porque todavía falta discutir las dos piezas de legislación esenciales para completar el SNA. Falta dotar de dientes y de una mandíbula robusta al Sistema, para que evite la impunidad ante hechos que los jueces determinen como corruptos. En otras palabras, se necesita, primero y antes que nada, la adecuación de los tipos de corrupción para que, además de constituir faltas administrativas graves, tal y como lo establece la Ley 3 de 3, también puedan considerarse como delitos penales. Y segundo, es preciso dotar a la PGR de una Fiscalía Anticorrupción fuerte e independiente, que será autónoma en cuanto la PGR obtenga el estatus de Fiscalía General, como está previsto en los transitorios de la reforma constitucional, y que por tanto gozará de autonomía.
Ahora bien, en términos políticos, la pelota también está en la cancha del Presidente de la República, como líder de facto del partido en el gobierno. Públicamente, Enrique Peña Nieto ha insistido que desea establecer un SNA sólido, efectivo y eficaz para la lucha contra la corrupción. Hasta el día de hoy, parece que sus deseos no se han traducido en acción decidida de su partido. En un número muy reciente de la revista The Economist, el artículo del 7 de mayo denominado Stop Stealing (Detengan el robo) referente a la lucha contra la corrupción en México y en América Latina, mostraba que en muchos países se estaban obteniendo resultados importantes. En el caso de México y ante la culminación del periodo ordinario de sesiones sin aprobación de este paquete de leyes hace dos semanas, la revista terminaba con la idea de que al oponerse su partido (según lo manejaba la prensa y la opinión pública), el presidente Peña Nieto se estaba colocando en el lado equivocado de la historia de América Latina. Es hora de que el presidente nos diga a los mexicanos, fuerte y con hechos, de qué lado está.
Centro de Estudios Espinosa Yglesias
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