Llevamos semanas, incluso meses, de estar librando una batalla cuerpo a cuerpo para convencer, con argumentos, la forma y el fondo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de nuestro país. Hoy, esa batalla se ha trasladado a quienes tienen la responsabilidad de legislar. Nosotros apenas somos personas interesadas, enteradas del tema, que hemos tratado de contribuir a la construcción del Sistema.
Ayer jueves, los senadores del PRI-Verde Raúl Cervantes y Pablo Escudero (éste último presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana) presentaron a la Junta de Coordinación Política del Senado una propuesta de cinco piezas de legislación —de un total de siete— que debe contener el nuevo SNA. Estos documentos consideran propuestas de todas las fracciones parlamentarias. En lo que concierne a la Ley General de Responsabilidades, la base fue la Ley 3de3 que los ciudadanos sometimos al Senado como Iniciativa Ciudadana con el respaldo de 634 mil 143 firmas. Ése fue un acuerdo de inicio en las Comisiones Unidas del Senado al comenzar el proceso legislativo. También se incorporaron los acuerdos esenciales de este mismo grupo de académicos y organizaciones de la sociedad civil que discutimos respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Con relación a los otros tres cambios legislativos sometidos por los senadores, se incorporaron a su vez numerosas propuestas de las organizaciones y de legisladores de todos los partidos políticos. Ésa es la realidad: se trata de una propuesta amplia que incorpora de manera muy sensible lo aportado por los miembros de la sociedad civil que hemos participado. Lo demás es ruido partidista y preelectoral, o bien, cuestiones mediáticas que no se apegan al análisis cuidadoso del contenido de las iniciativas propuestas. Muchos senadores de todos los partidos han participado activamente en la construcción del sistema y, esta vez, grupos de la sociedad los hemos acompañado aportando conocimiento y experiencia técnica en la materia de combate a la corrupción.
Mucho del trabajo y propuestas que hemos realizado desde la sociedad civil se ha incorporado, y eso, en sí mismo y si se aprueba en sus términos, constituye un enorme avance —más allá de mis pronósticos más optimistas por la resistencia que se esperaba de la clase política. Las 634 mil firmas han ejercido un peso notable en este proceso. No hemos ido solos a las mesas de discusión (que no de decisión), con todas las fracciones políticas. Todos quienes firmaron y que buscan, como nosotros, un camino institucional a través del cambio de nuestro régimen jurídico para transformar instituciones y su operación en nuestro país, nos han acompañado.
Para aquellos con recelos y dudas sobre el contenido de la legislación propuesta, les pido que revisen todos los documentos que se han aportado para construir esta legislación y que se encuentran en el micrositio correspondiente en la página del Senado. Y les pido que lo hagan con minuciosidad y cuidado. Al hacerlo, tengan en mente el objetivo central: construir un Sistema Nacional Anticorrupción que sea eficaz y transparente, y que permita gradualmente erradicar este cáncer de nuestra sociedad.
Hasta el momento de escribir estas líneas, se puede decir que la tarea no ha concluido. Además de la aprobación de las cinco piezas legislativas enviadas ayer, que está en proceso, faltan dos piezas más de reforma legislativa que aún no se han sometido a la consideración del Senado, y que son indispensables para la construcción del SNA; a saber, que se reformen los tipos penales relativos a los delitos de corrupción y que se hagan explícitas las competencias que tendrá la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Corrupción. Demandamos respetuosamente que ello ocurra en las próximas horas o días… como estamos, todavía el Sistema está incompleto.
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.
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