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Ayer México hizo historia: un grupo de ciudadanos presentó al presidente del Senado la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3, misma que 309 mil 476 ciudadanos respaldaron con su firma. No perdamos la proporción: estas firmas se juntaron en seis semanas gracias a la difusión nacional a partir de presencia en medios —que no spots— que lograron transmitir un mensaje fuerte y claro: estamos hartos de la corrupción. El mensaje de ciudadanos que individualmente plasmaron los datos de su credencial de elector, su nombre y su firma, es contundente. México se merece otro régimen: uno que dignifique el servicio público y que persiga y castigue a los corruptos. Nos merecemos vivir en un país con más seguridad, con igualdad ante la ley, con ética pública que legitime al gobernante. Ésa es la esperanza que cientos de miles de personas, inequívocamente, mostraron al respaldar la iniciativa.
El contenido del proyecto de ley debía ser claro, y la credibilidad académica e institucional de quienes participaron en su hechura debía asimismo de ser impecable, pues las fibras que esta iniciativa toca son, por demás, sensibles. Enhorabuena a los más de 300 mil ciudadanos que apoyaron la iniciativa, a quienes la promovieron e hicieron posible este sueño ciudadano.
El presidente del Congreso y los presidentes de las comisiones que dictaminarán la iniciativa de ley recibieron formalmente el texto y se comprometieron a revisarla de inmediato y a incorporarla cabalmente en las discusiones que tendrán lugar en las próximas semanas. Ya se ha hecho la solicitud para que el proceso siga las reglas de “parlamento abierto”; es decir, que de cara a la sociedad, los senadores puedan discutir con quienes hicieron la iniciativa cada uno de los temas con detalle y rigor técnico. La presentación de esta iniciativa es una gran noticia, una que renueva la esperanza de un futuro mucho mejor para nuestro país.
¿Y la mala? El Congreso de la Unión ya aprobó la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios, una ley indispensable, útil, pero que deja abiertas las posibilidades de que el gobierno federal rescate a gobiernos estatales que se endeudaron de más en el pasado y de manera inconstitucional. Esta ley parece decir: de ahora en adelante, gracias a las reformas de la Ley de Contabilidad y otros mecanismos contenidos en ésta, los estados tendrán fuertes controles para evitar su endeudamiento irresponsable. Ya no tendremos en el futuro contratación de deuda sin controles federales.
Pero en lo que concierne a la deuda contratada antes de 2015, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, podrá garantizar su pago con el fin de reducir su costo. Aquí es donde radican los problemas. Lamentablemente, parte de esa deuda estatal está escondida en fideicomisos privados a pesar de tener recursos públicos en su interior y, frecuentemente, el destino de ese endeudamiento ni siquiera fue autorizado por el Congreso local ni el gobierno estatal ha revelado dichas operaciones. Según la ley estatal, eso no es deuda… ¿De verdad? Recordemos aquello de que “Camina como pato, grazna como pato, vuela como pato… es un pato!!!
La nueva ley, a pesar de sus aciertos en prevenir problemas hacia adelante, ha dejado huecos hacia atrás. Tal como han ocurrido las cosas, no se puede menos que pensar que el diseño de la ley está hecho justamente para esconder de la gente esos endeudamientos inconstitucionales y con usos y condiciones desconocidas, y para que sea el gobierno federal quien los absorba. Un típico caso de “daño moral”, en el cual se premia a quien hizo mal las cosas a costa de quienes las hicieron bien. Resulta desconcertante que mientras se está legislando para impedir la corrupción, por otra parte se estén dejando estos huecos que la cobijan.
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C
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