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Al terminar 2015 existen varios indicadores que muestran que la economía mexicana, a pesar de un contexto internacional desfavorable, presenta signos de fortaleza y estabilidad. A unos años de las reformas estructurales que resultaron del Pacto por México de inicios de 2013, hay indicios de algunos primeros resultados prometedores. La economía ha mantenido un crecimiento positivo (un 2.4% aproximadamente) aunque ciertamente por debajo de lo que se requiere para disminuir la pobreza y ampliar las clases medias. A pesar de cierto crecimiento económico, los ingresos salariales promedio de los trabajadores se han estancado en los últimos años y la pobreza extrema no cede. No obstante, los precios de ciertos servicios han disminuido gracias a las reformas, como los precios de los servicios de telefonía celular y de la electricidad, y el costo del crédito también se ha mantenido bajo (éste último ayudado por el casi congelamiento de las tasas de interés a nivel internacional). La inflación, a pesar de la fuerte depreciación del peso en parte causada por la inestabilidad económica internacional, no se ha trasladado a la inflación interna, lo cual ha resultado ser enigmático. El aumento de trabajadores afiliados al IMSS, como indicador de la creación de empleos formales, también ha crecido casi al doble de lo que ha crecido la economía (4.5% en 2015). Hay varios estados de la República que han crecido entre 4 y 5 por ciento al año en promedio durante los últimos diez años. La reforma educativa, de gran envergadura y que promete impactar el desempeño económico y social de México en el largo plazo, finalmente se está encauzando en todo el país por una decisión gubernamental firme.
En breve, se perciben cambios positivos e importantes en diversos aspectos de la vida económica y social de la población, en medio de una situación internacional complicada y especialmente difícil para México por su impacto en el precio internacional del petróleo. Hace apenas algunos años, en el decenio de los ochenta, cuando el precio del petróleo bajó a niveles semejantes a los actuales (en términos reales), la economía se contrajo y las finanzas públicas sufrieron un deterioro que llevó a un déficit público de 16% del PIB, un nivel semejante al que ocurrió al inicio de la crisis de la deuda externa en 1982. Treinta años más tarde, dicha reducción del precio del petróleo no ha repercutido en una reducción del PIB ni tampoco ha generado un déficit fiscal especialmente elevado. Más aún, la reducción del precio del petróleo ha despetrolizado las finanzas públicas y una parte importante de los impuestos y derechos provenientes de los hidrocarburos se han convertido, paradójicamente, en un impuesto “verde” al cobrarse un impuesto al consumo de las gasolinas y diesel. En muy poco tiempo, la estructura de los impuestos que se cobran en México ha dejado de depender tanto de los precios del petróleo.
Estos avances no son menores. Son profundos e importantes y ya se empiezan a percibir sus resultados. En otras épocas, por avances mucho menores la población otorgaba una buena calificación a sus gobernantes y se percibía un ambiente de optimismo, de pujanza y de esperanza en el futuro. Hoy, eso no ocurre. Hoy no se percibe en el ambiente público una sensación de logro, de mejora, sino más bien de cierto cansancio y zozobra. Se percibe que si bien hay cuestiones positivas en la economía y en la política social, los avances de México son parcos e insuficientes. Se percibe que hay otros factores que, al tomarse en cuenta, presentan un saldo general más bien negativo del desempeño del país en los últimos años. La percepción de que la corrupción ha llegado a niveles insospechados, que se ha expandido a casi todas las áreas donde existe un coto de poder o de autoridad, parece proyectar una sombra que cualquier logro, por positivo y evidente que éste sea, no se reconoce ni percibe. Esta sombra de la corrupción, de la impunidad, de la desesperanza, ha sido hasta ahora más poderosa que los logros obtenidos.
Al presidente Peña Nieto le queda tiempo suficiente para virar en el sentido correcto y apoyar, como lo hizo en la discusión de las reformas constitucionales que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, la legislación secundaria en la materia que está en proceso de elaboración. Sólo si el presidente de la República muestra en los hechos un compromiso decidido por la lucha institucional contra la corrupción podrá incidir en que su gobierno sea recordado por sus aciertos y reformas históricas, y no por los lamentables hechos de corrupción e impunidad que han manchado su gestión.
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.
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