La semana pasada más de treinta organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a los partidos y a los legisladores a construir responsablemente la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Estamos frente a una exigencia —¿urgencia?— para que se construya a la brevedad y dentro de los tiempos establecidos en la reforma constitucional… las partes han de ser efectivas y congruentes entre sí a fin de evitar agujeros por donde se escapen los casos de corrupción.
Y es que el llamado no es gratuito. En muchas ocasiones el Congreso ha estado en falta por no legislar en tiempo lo que le ordenan cambios constitucionales. Pareciera que el acuerdo político inicial que permitió el cambio constitucional luego se empantana entre partidos, o en su propia colusión a espaldas de la ciudadanía. Esto no debe ocurrir en el caso del SNA: es, ni más ni menos, una demanda generalizada de la sociedad que tiene muy mal parados tanto al gobierno federal como a los estatales, y en general a la clase política del país. Si el tema de la corrupción no empieza a resolverse estructuralmente, a sabiendas que tomará años su efectiva erradicación, estaremos contribuyendo a la creciente zozobra política y debilitamiento del tejido social del país.
El llamado exige que la nueva legislación secundaria y los cambios a leyes ya existentes sean de tal envergadura y estructura, que aseguren que los casos de corrupción no queden impunes, que se prevengan los casos de conflicto de interés, y que con ello se fortalezca nuestro Estado de derecho. En particular, los componentes de nuestro SNA deben asegurar efectividad para detectar y castigar redes de corrupción y no sólo a quien firma el último cheque… deben asegurar que ningún caso de conflicto de interés quede impune sin importar el nivel del funcionario que incurra en él. Se debe garantizar que todos los niveles de corrupción y quienes incurran en ella, funcionarios y particulares, altos y bajos, sean susceptibles de ser detectados y castigados. El SNA debe distinguir faltas administrativas de temas fraudulentos, y debe asimismo asegurar que las leyes y reglamentos no dejen huecos para detectar y castigar prácticas de corrupción.
Algunas leyes esenciales que potencialmente juegan un rol en el SNA están actualmente en discusión legislativa. Éstas se están tratando de manera independiente y no como parte de un sistema coherente y consistente. En ese proceso, hay amenazas claras para dejar huecos importantes que permitirán legalmente actos indebidos. Un ejemplo es el siguiente: la discusión sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas que está en discusión en el Congreso. Ésta parece privilegiar la opacidad al limitar el sistema de “compranet” establecido hace ya años, los casos de excepción que dan mayor discrecionalidad sobre la asignación de contratos, entre otros. Otro ejemplo es la Ley Federal de Archivos, que al menos debe obligar al registro de actividades, contratos y otros y su conservación por varios años que permitan documentar y rastrear actividades y conductas ilícitas y que den lugar a corrupción. Son sólo dos ejemplos… pero hay más.
En el congreso hay actualmente dos iniciativas de ley relativas al SNA promovidas por el PAN y por el PRD respectivamente. Éstas merecen una buena discusión y análisis para ver si logran cubrir los diversos temas y ser efectivas para la lucha contra la corrupción. Ambas van en la dirección correcta y merecen toda nuestra atención. En lo personal, me gustaría que fueran sometidas a una “prueba del ácido”: que se consideren casos de corrupción y de conflicto de interés reales, conocidos, para constatar que con esos instrumentos se logra efectivamente detectar y castigar esos actos de corrupción.
El llamado está ahí: la construcción del SNA es una tarea de la mayor importancia que debemos seguir con lupa para que rinda lo que todos los mexicanos esperamos.
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.
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