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Esta semana, el CEEY hizo un planteamiento para destrabar la Ley del Coneval que lleva más de un año “atorada” en el Senado. Desde que pasó la reforma constitucional y en el contexto de la reforma político-electoral que convirtió al Coneval en una entidad autónoma constitucional, surgió la duda: ¿para qué moverle a un organismo que se ha ganado a pulso propio credibilidad, legitimidad y respeto por su integridad y expertise técnico, a pesar de ser un órgano desconcentrado del gobierno federal? Todo parece indicar que parte de la negociación fue precisamente la autonomía constitucional del Coneval. La legislación secundaria emitida por la Cámara de Diputados pasó express y dejó la mesa puesta para el reparto partidista de los puestos en el Consejo General del Coneval, propuso una estructura redundante; a saber, contar con un Consejo Técnico con características semejantes a las del General. Con éstos y otros problemas, el dictamen por fortuna se detuvo y se apantanó… hace meses. Pero, ¿por qué el Coneval es políticamente jugoso? ¿Por qué es importante la conformación del Consejo General y evitar que se politice? En esencia, porque se encarga de la evaluación de la “política social” y de la medición de la pobreza. Por tanto, sus datos y evaluaciones son altamente explotables tanto mediática como políticamente. Lo que menos queremos los ciudadanos es dudar de las cifras y de las evaluaciones del Coneval. Ya hemos visto cómo la politización de cifras lleva a problemas muy graves. Véase simplemente la crisis griega que, en parte, se debió a las cifras económicas manipuladas por el gobierno y que ocultaron una deteriorada realidad. Ello no ayudó a enfrentar los problemas a tiempo.
¿Qué propone entonces el CEEY? En primer lugar, consolidar la plena autoridad del Consejo General mediante la eliminación del Consejo Técnico, mismo que era redundante y permanente fuente de conflicto. Segundo, seleccionar a los consejeros de la mejor manera posible; a saber, por medio de una preselección inicial a través de un examen de conocimientos semejante al que se elabora para la Comisión Federal de Competencia. Que partiendo de aquellos aspirantes que hayan aprobado el examen, se seleccionen las personas más idóneas por seis ciudadanos (nombrados por tres organismos constitucionalmente autónomos) con el fin de conformar las ternas, como ocurrió con la selección reciente de los consejeros del INE, para turnarse, ahora sí, a la Cámara de Diputados para su elección. De esta manera, se minimiza la intervención partidista en la selección de los miembros del Consejo General.
Otra propuesta del CEEY consiste en la creación de un Consejo Consultivo que sea —ése sí— el vínculo con el mundo de la política. Debe ser un ente que apoye al Coneval para la exigibilidad de las recomendaciones emitidas y para facilitar la coordinación con los diversos órdenes de gobierno. Éste se conformaría por organizaciones representantes del Poder Ejecutivo, de los gobernadores y presidentes municipales, de las universidades y de la sociedad civil organizada, y presidido por el presidente del Consejo General del Coneval. También se propone que sea el INEGI quien realice la medición de la pobreza, pero que el Coneval conserve la plena autoridad para definir la metodología y el algoritmo computacional para su cálculo. Hay sin duda algunas otras propuestas importantes y el documento completo puede revisarse en la página del CEEY (www.ceey.org.mx).
Ayer el Coneval dio a conocer las cifras de pobreza en sus diversas dimensiones, lo que muestra un panorama poco alentador y que nos debe llevar a una reflexión profunda. Son cifras que incomodarán a muchos de nuestros gobernantes y que, si pudieran, les encantaría manipular para salir menos raspados. Y no es que toda la responsabilidad recaiga en ellos… de ninguna manera. Pero la población, en general —y es lógico— así lo ve. De ahí la importancia de asegurar la autonomía del Coneval e impedir, a toda costa, su politización.
Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
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