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El miércoles 27 de mayo de 2015 fue un día importante para México. Enrique Peña Nieto proclamó la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Por fin, ya podemos empezar.
Hay sin embargo una realidad muy a pesar de los cambios en las leyes: la impunidad no se resuelve cambiándolas... sino aplicándolas. Los casos sonados de corrupción que aparecen día a día parecen confirmar, una vez más, que todo sigue igual a pesar del discurso de los políticos. El último escándalo de OHL ahora salpicó, presumiblemente, a magistrados del Estado de México. Y es que el combate real a la corrupción necesita, antes que nada, de voluntad política y de un verdadero esfuerzo ciudadano de exigencia cotidiana. Pero entonces, ¿por qué tanta “alaraca” sobre el Sistema Nacional Anticorrupción? Porque si bien las leyes no son suficientes, sí son necesarias, indispensables, para combatir la corrupción con efectividad. Ahora bien, ni las leyes que tenemos, ni la arquitectura institucional, son suficientes para perseguir muchos de los delitos que nos aquejan; ¿un ejemplo? La falta de claridad sobre el tan llevado y traído “conflicto de interés”: desde ahora, les digo, casi con certeza absoluta, que el secretario de la Función Pública, por más que quiera, no podrá configurar un delito por el tema de la casa blanca ni por el préstamo hipotecario al secretario Videgaray para la suya en Malinalco. La ley no da para ello: así de simple. Y cuando salga el dictamen, la crítica pública será tremenda porque, una vez más, no se hará nada en esos casos. Pero créame, con las leyes vigentes, no se puede hacer nada.
Entonces, ¿qué podemos esperar con el Sistema? ¿Para cuándo? Primero, debemos esperar que con el tiempo logremos transformar la vida pública del país y recuperemos la confianza en nuestras instituciones y el respeto por nuestros servidores públicos. ¿De verdad? Sí, de verdad... ésa es la apuesta. ¿Y para cuándo? Al igual que otras reformas estructurales, tomará mucho tiempo para que veamos diferencias tangibles. En primer lugar, porque es necesario hacer nuevas leyes y reformar muchas otras para dar contenido al Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí está la primera tarea y, al igual que lo que ocurrió con la reforma energética o la de telecomunicaciones, “el diablo está en los detalles” y no es difícil diluir la efectividad del Sistema en la legislación secundaria. Por tanto, debemos (mejor con mayúsculas) DEBEMOS estar vigilantes para exigir una legislación secundaria acorde con el espíritu de la reforma constitucional. Habrá muchos intereses para tratar de minimizar la reforma, pues no se darán fácilmente por vencidos, pero debemos enfrentarlos con decisión. Este trabajo de diseño legislativo tomará al menos los próximos doce meses.
Y en segundo lugar, la implementación también será difícil. Desde el nombramiento de quienes deberán ejecutar, hacer efectivo el Sistema Nacional Anticorrupción, hasta el comportamiento honesto de los servidores públicos al ver que YA NO HAY impunidad. Sí, ésta es la condición esencial: que haya consecuencias para quienes infrinjan la ley, sin excepciones y sin distingos entre unos y otros. ¿Parece un sueño? Sí, eso parece. Pero apenas hace unos años también parecía un sueño que se respetaran los resultados de las elecciones, o que hubiera alternancia en el poder, o que se tuviera que hacer pública la información generada en cualquier rama del gobierno. Por eso pienso que, efectivamente, la promulgación del Sistema es apenas el primer paso, indispensable, para iniciar un largo y difícil trayecto que tomará muchos años.
De modo que más que decir que las leyes nada cambian, asegurémonos que este cambio, como otros que han ocurrido en el último decenio y que de los cuales se esperaba poco, también contribuyan con los años a cambiar la faz de nuestro México. Estoy seguro que, si hacemos nuestro trabajo, lo podrán ver nuestros hijos y nuevamente se sentirán orgullosos de su país.
Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
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