Es de sentido común pensar que para que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades y destrezas significativas es indispensable que los centros escolares cuenten con maestros bien formados, motivados y remunerados. Por supuesto, además se requiere contar con muchos otros elementos para lograr metas ambiciosas de aprendizaje, tales como: una organización escolar eficiente; un ambiente propicio para el aprendizaje; e infraestructura, equipamiento y materiales educativos adecuados. No obstante que todos estos elementos son importantes, también es cierto que pueden ser compensados (hasta cierto punto) por las capacidades profesionales del maestro. Es por ello que el docente es el componente más importante de un sistema educativo y el activo más valioso de las escuelas.
Por lo anterior, la reforma educativa pretende establecer una racionalidad meritocrática en la educación pública, a través del Servicio Profesional Docente (SPD). Con esta lógica se busca que los mejores egresados de las Normales (y de otras instituciones educativas) sean quienes ingresen como docentes a las escuelas; que los docentes más destacados se promocionen como directores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos; y que los docentes más comprometidos y preparados reciban estímulos económicos que los motiven a seguirse actualizando y superando.
Sin embargo, el corazón de la reforma no es la evaluación, sino la formación. La principal función de la evaluación es diagnóstica, pues con ella se busca identificar las fortalezas y debilidades de los docentes, que den pie a programas de desarrollo profesional de acuerdo con las necesidades profesionales de los mentores. Así, el binomio evaluación-capacitación representa la clave para mejorar la educación en el país. Pero ¿cuánto se puede mejorar la práctica docente a través de cursos de actualización u otras actividades formativas? La experiencia mundial señala que los cursos de formación poco inciden en las prácticas docentes y menos aun en los aprendizajes de sus estudiantes. Por ejemplo, en los estudios de TALIS, México es uno de los países cuyos docentes reportan la mayor participación en actividades de desarrollo profesional, pero los resultados de sus estudiantes en PISA son magros.
Entonces, ¿por qué no apostar a mejorar sustancialmente la formación inicial de los docentes, además de querer remediar sus deficiencias una vez que han sido formados? Un dato que apoya esta idea es que sólo 52% de los normalistas de las 32 entidades federativas que concursaron en 2015 para ingresar al servicio público del país fue considerado idóneo para cumplir con su función docente. Es decir, la mitad de los normalistas que terminan sus estudios no están suficientemente preparados para enfrentar exitosamente los retos que le demandará su profesión para garantizar que los estudiantes adquieran los aprendizajes esperados, que se establecen en los planes y programas de estudio. Más aún, una buena cantidad de normalistas que sí acreditó el examen de ingreso del SPD lo hizo con una puntuación apenas satisfactoria, lo que significa que requerirá de participar en un futuro cercano en actividades de actualización docente.
Por esta razón, las primeras directrices que emitió el INEE se refirieron a la necesidad de mejorar sustancialmente la formación inicial de los docentes, que en su gran mayoría se imparte en las Normales. Al respecto valdría la pena preguntarse: ¿cuál es el perfil de los formadores de profesores? Desgraciadamente, las respuestas no son alentadoras. Diversos estudios sobre estos docentes documentan que: 1) una proporción importante no tiene licenciatura, 2) la gran mayoría no recibe capacitación formal, por lo que ejercen su práctica con base en su experiencia, sin un sustento teórico, 3) no hay criterios bien definidos en las Normales para contratarlos, por lo que las plazas empiezan a ocuparse por profesionales de carreras ajenas a la educación, entre otras razones, debido a la práctica de “heredar o vender las plazas” y 4) no se advierte el interés de los docentes por mantenerse actualizados, ni en su campo disciplinar ni en el pedagógico, además de que no existen políticas nacionales, locales ni institucionales al respecto.
Esta condición de las Normales puede explicar en mucho los bajos resultados de los normalistas en las evaluaciones de ingreso al SPD, así como de los estudiantes en las evaluaciones de aprendizaje. Por lo anterior, urge que las autoridades federales y locales atiendan las directrices emitidas por el INEE para mejorar la formación inicial de los docentes. Apostarle sólo a la formación continua de los profesores en servicio es insuficiente para mejorar la calidad de la educación que se imparte en el país.
Consejero del INEE
