Los acontecimientos recientes en torno a la reforma educativa (RE) que hicieron crisis el 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, donde perdieron la vida varios manifestantes, ponen a prueba si existe o no un Estado de derecho en México. Wikipedia define a un Estado de derecho como “…aquel (país) que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de ésta. Cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita”.
La reforma educativa se concibió como parte del ordenamiento jurídico mexicano dado que se contempla en el artículo 3º de la Constitución del país, así como en las leyes General de Educación, General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Aun cuando, en 2013, algunos docentes interpusieron amparos en contra de estas leyes parlamentarias, especialmente la LGSPD, al resolverlos, la Suprema Corte de Justicia determinó ponderar los derechos a una educación de calidad y el interés superior del niño, y resolvió la prevalencia de estos últimos sobre los derechos de los trabajadores de la educación. Además, determinó que los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la LGSPD, que contienen los supuestos de separación, readscripción o incorporación a programas de retiro voluntario para el personal docente, no vulneran el derecho humano a la estabilidad en el empleo.
En mi opinión, el espíritu de la RE tiene propósitos muy loables. Su fin último es tener un mejor sistema educativo que impulse al país en lo económico y en lo social y, a la vez, que permita que los estudiantes se conviertan progresivamente en profesionistas, ciudadanos y personas de bien. Esto sólo se puede lograr a través de mejorar todos los servicios educativos del país, y el profesor es el componente de mayor importancia.
Sin embargo, a pesar de que estos propósitos pueden ser compartidos por la inmensa mayoría de los mexicanos y que nadie duda de la importancia que tienen los docentes en el aprendizaje de sus estudiantes, queda claro que en lo que sí se difiere es en la concepción de lo que se entiende por una buena educación, las causas a las que se les atribuyen los grandes problemas educativos del país, así como en la forma de superarlos. Por ello, hay que reconocer que el interés por mejorar nuestro sistema educativo pudo superar las grandes diferencias ideológicas de partidos políticos y fracciones parlamentarias de las cámaras de senadores y diputados, para lograr definir una reforma de gran calado; que hoy está siendo atacada por diversas razones y desde distintos flancos.
Pareciera que el detonador de Nochixtlán nos hace percatarnos de que vivimos en un país en donde los usos y costumbres son más fuertes que las leyes y donde el Estado de derecho no existe más que en nuestro imaginario social. Pareciera también impensable que una vertiente del sindicato de trabajadores de la educación, apoyada por diversos grupos sociales, le soliciten al Ejecutivo (ya sea a través de las secretarías de Gobernación o de Educación) derogar la reforma y con ella todas sus leyes; como se hacía hace décadas, cuando el Poder Legislativo (y el Judicial) no tenía autonomía del Ejecutivo, y éste actuaba sin contrapesos.
Cualquier rumbo que tome la reforma debe conducirse anteponiendo el Estado de derecho y el derecho superior de la infancia a recibir una educación pertinente y de calidad. No debemos olvidar muchas de las causas por las cuales hemos tenido un fracaso rotundo en materia educativa, las más importantes: el desorden administrativo y la corrupción.
Hay que estar conscientes que uno de los ejes vertebrales de la reforma es instalar un sistema educativo meritocrático, donde el esfuerzo, la motivación y las capacidades de los docentes son los componentes esenciales para su ingreso, promoción y reconocimiento. Hago votos por que este sistema que está en el espíritu de la ley sea el que prevalezca y no volvamos atrás con los usos y costumbres de comprar, vender, rentar o heredar plazas. La reforma educativa se convirtió, repentinamente, en el termómetro que medirá el nivel del Estado de derecho en el que se encuentra México.
Consejero del Instituto Nacional para la Educación de la Educación
