En mi artículo pasado comenté sobre la promulgación de la nueva ley de educación estadounidense Cada Estudiante Tiene Éxito (ESSA, por sus siglas en inglés), que propone un giro importante con relación a la evaluación de las escuelas, directores y docentes ya que, a diferencia de la ley No Child Left Behind (NCLB), no requiere que los estados establezcan sistemas de evaluación que se basen en los resultados de aprendizaje de sus estudiantes, que definan estándares de logro y que determinen fechas fatales para su cumplimiento. Fue difícil para el Congreso estadounidense ponerse de acuerdo sobre una ley que sustituyera a la fallida ley NCLB, que sería autorizada nuevamente en 2007; pero tardó ocho largos años para que demócratas y republicanos llegaran a un acuerdo bipartidista.
La racionalidad de la ley NCLB se puede simplificar de la siguiente manera. Históricamente el gobierno federal de los Estados Unidos había dado fondos federales a los estados, independientemente de las grandes diferencias en la eficacia de sus escuelas. Al comparar los pobres resultados de los estudiantes norteamericanos con los de otros países, el Congreso decidió en 2002 la obligación de los estados a evaluar anualmente las competencias de lectura y matemáticas de todos los alumnos de tercero a octavo grados y una vez durante el bachillerato (high school), para asegurarse que todos progresaran, y que los alumnos pobres y de grupos minoritarios recibieran una buena educación. Los resultados de las evaluaciones de aprendizaje se convirtieron en la herramienta para: 1) medir la eficacia de las escuelas, directores y docentes, 2) identificar escuelas “fallidas” y con “altas necesidades de mejora”, 3) establecer criterios temporales para que todos los estudiantes estadounidenses alcanzaran altos estándares de aprendizaje y 4) medir el progreso anual de los estados en materia de logro educativo.
La nueva ley ESSA mantiene el mismo esquema de evaluación anual para verificar el progreso de los estudiantes, y obliga a los estados a tomar medidas para mejorar las escuelas de menor rendimiento y para identificar los subgrupos de estudiantes que tienen un rendimiento inferior. Asimismo, obliga a las escuelas a evaluar por lo menos al 95% de sus alumnos, si desean obtener las calificaciones más altas en el sistema de rendición de cuentas.
Sin embargo, la ley ESSA: le quita importancia a las evaluaciones de aprendizaje, al permitir a los estados que evalúen a las escuelas considerando otros tipos de medidas, tal como la eficiencia terminal; permite a los estados utilizar fondos federales para realizar auditorías que eliminen las evaluaciones excesivas e inútiles; elimina las consecuencias negativas que el gobierno federal imponía a las escuelas, directores y profesores cuyos alumnos obtenían puntuaciones bajas en las pruebas estandarizadas; elimina la identificación de las escuelas que requieren mejoría y que estaban sujetas a sanciones; anula el tema del “progreso anual adecuado” para los estados, que se traducía en un estándar común mínimo de mejoramiento, medido por las evaluaciones estandarizadas de sus alumnos; y, restringe considerablemente las atribuciones del Departamento de Educación para establecer reformas a las escuelas.
Quienes están a favor de ESSA esgrimen que lo más importante de esta ley es que republicanos y demócratas han acordado que es el momento de cambiar el papel dominante del Departamento de Educación por uno más pequeño y más focalizado; es decir restaura el control local de la educación y aleja al gobierno federal de las aulas estadounidenses, lo que representa la mayor descentralización del control Federal en un cuarto de siglo y el fin de una era en la que el gobierno federal ha vigilado de manera agresiva el desempeño de las escuelas. Así, el Secretario de Educación no está autorizado para controlar los departamentos locales de educación, ni para definir los contenido curriculares, los programas de instrucción, los estándares de aprendizaje o las evaluaciones de logro. Tampoco lo autoriza para establecer sistemas de evaluación, estándares profesionales y de certificación de docentes, directores u otras autoridades escolares.
No obstante estos cambios, los escépticos argumentan que una prohibición sobre el control federal de la educación no es una idea novedosa, por lo que la “muerte" del Departamento de la Educación a nivel estatal y local a través de ESSA no es realista. Por otro lado, también se comenta que la parte débil de ESSA es que conserva la racionalidad de la ley NCLB, que parte de la premisa de que los estándares, las pruebas y la rendición de cuentas son las claves de éxito de los estudiantes. Otros observan que desde el reporte Una nación en riesgo (1983), las autoridades han creído ciegamente en la idea de que esta combinación causa un aumento dramático en los aprendizajes y es capaz de cerrar la brecha entre los diferentes grupos de estudiantes; visión que mantiene ESSA, a pesar de que los resultados de ley NCLB prueban lo contrario.
Finalmente, aunque la ley ESSA no es perfecta, muchos coinciden en que se trata de una mejora considerable sobre la ley NCLB. Otros argumentan que después de 15 años de evaluaciones ininterrumpidas y de rendición de cuentas, se necesita una nueva visión de la educación en los Estados Unidos, que la nueva ley no la contiene.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
