La evaluación del desempeño de los docentes es un componente primordial de la reforma educativa, cuyo propósito central es identificar áreas de oportunidad de los maestros para ayudarlos a mejorar el ejercicio de su profesión y, con ello, incrementar el nivel académico de los estudiantes de la educación obligatoria.
A medida que esta evaluación se implementa en México, a partir de 2015, han surgido las siguientes preguntas que seguramente dividirán la opinión pública nacional (como ha pasado en otros países): ¿Quién debe tener acceso a la información resultante, en qué momentos y condiciones, y con qué nivel de detalle? Responder a estas preguntas implica posicionarse ante un dilema social que confronta el propósito de la evaluación docente con el derecho a la información.
Sobre este tema se tienen dos posturas opuestas. Por un lado, quienes están a favor de reservar la publicación de resultados argumentan que la evaluación docente debe utilizarse para mejorar las competencias de los maestros, por lo que sus resultados deben ser confidenciales, ya que no se pretende hacer un juicio público de los mentores. La publicación de resultados individuales (con nombre y apellidos) equivaldría a humillar a los profesores mediáticamente, lo que ocasionaría una mayor resistencia a la evaluación y sería contraproducente para el propósito que persigue la evaluación. Esta postura la asumió Arne Duncan, ex secretaria de Educación de Estados Unidos, quien comentó que no veía mucho de positivo en la publicación de la evaluación docente, pero sí percibía una tremenda desventaja para los maestros. Al considerar que la moral del docente estaba en un mínimo histórico, opinó que había que fortalecer a los profesores y elevar su estima social.
Por su parte, quienes están a favor de la publicación de resultados, como es el caso de algunas asociaciones de padres de familia, grupos de la sociedad civil y medios de comunicación, dan tres tipos de argumentos: 1) los maestros son empleados públicos cuyo desempeño es de interés para la sociedad en general, 2) los padres de familia tienen el derecho de conocer la calidad profesional de los maestros de sus hijos y de elegir la escuela que les convenga, o bien, exigir profesores mejor capacitados en los centros escolares y 3) los docentes y las escuelas se esforzarán por hacer mejor su trabajo al saberse expuestos públicamente. Esta postura la han adoptado diversos medios de comunicación estadounidenses, quienes han realizado y publicado estudios con base en los resultados individuales de los profesores.
Dado que este es un asunto relativamente nuevo en México, es conveniente conocer lo que ha ocurrido en otros países a fin de “aprender en cabeza ajena” y evitar cometer los mismos errores. Para ello, tomo el ejemplo de Estados Unidos, cuyo antecedente inmediato es la ley Not Child Left Behind, promulgada en 2002, que otorga a los padres el derecho a saber qué tan bien preparados están los maestros de sus hijos. Sin embargo, la ley no aborda la publicación de los resultados de los maestros. Por otro lado, el Educación Week reportó que, bajo las leyes de datos abiertos, el acceso a los resultados individuales de la evaluación de profesores era permisible en 18 estados, no lo era en 19, mientras que el resto permitía una divulgación limitada. Por otro lado, algunos estados están haciendo uso de los resultados de la evaluación de manera que no dependen de su divulgación. Por ejemplo, en Florida y Michigan los distritos escolares deben informar a los padres cuyos hijos tienen un maestro con resultados insatisfactorios. Por su parte, en Rhode Island se prohíbe que a los estudiantes se les asigne un maestro que se ha considerado “ineficaz” por más de un año consecutivo.
En síntesis, la evaluación docente proporciona la oportunidad de ayudar a los maestros a mejorar el ejercicio de su profesión. Este propósito se ve comprometido si la gente ve la evaluación como un tema de consumo público, más que como una herramienta de mejora educativa. La definición de qué postura tomará México al respecto deberá ser meditada y analizada cuidadosamente, tomando en cuenta el fin último de la reforma y las experiencias de otros países.
Consejero del INEE
