Más Información
Madre y sus tres hijos procedentes de China buscan refugio en México, llevan 10 días en AICM; están en condiciones inhumanas: ONG
Claudia Sheinbaum alista reunión con padres de los 43 de Ayotzinapa; será la primera tras asumir la Presidencia
Claudia Sheinbaum se reúne con gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno; preparan Acueducto Zacualpan II
Morena celebra avances de estrategia de seguridad; Operativo Enjambre en Edomex ejemplo de compromiso, aseguran
La reforma penal, la que se aprobó en 2008 y cuyo periodo de implementación formal concluyó hace un año, avanza con muchas dificultades. Es una reforma enorme. Es un cambio que toca la esencia misma del Estado mexicano. Resulta curioso que desde distintos sectores de la sociedad mexicana clamemos por fortalecer el Estado de derecho en el país y no calibremos la importancia de esta reforma como central para el objetivo que decimos perseguir.
La reforma penal implica la profesionalización de las instancias estatales que forman parte del ciclo de justicia. Desde el policía que se constituye en el primer respondiente en un acto criminal, pasando por la investigación a cargo de las procuradurías, la defensa del inculpado, la valoración de pruebas por parte del juzgador para determinar si existen elementos para un fallo incriminatorio y la ejecución de una sentencia. Todo esto funcionaba muy mal en el país. Decidimos con la reforma constitucional del 2008 transformar estas estructuras con cuatro principios orientadores: la presunción de inocencia, la transparencia, el apego al debido proceso, el respeto a los derechos de víctimas e inculpados. Esta es una reforma civilizatoria. Necesaria para nuestra imperfecta democracia.
A toro pasado, como suele decirse, es posible sugerir que quisimos lograr mucho en una sola jugada. Que la reforma macro comprende muchas a nivel micro que pudieron haberse segmentado para elevar las probabilidades de éxito. Policías primero, ministerios públicos después y así sucesivamente. Pero el hecho es que tenemos un proceso en marcha, la oportunidad de un cambio refundacional para nuestro país. Sería costosísimo detener el proceso y dejarlo a la deriva.
La reforma del 2008 fue posible por el impulso de una coalición de actores que convergieron en reconocer la imperiosa necesidad de transformar lo que teníamos porque el sistema no cumplía con nadie (salvo los que se beneficiaban del estado de cosas). Para algunos de estos actores, lo fundamental era poner un alto a la impunidad. Para otros, recuperar la credibilidad de las instituciones de justicia. Otros más la concibieron para detener el abuso y la corrupción en el sistema. Pero también para asegurar los derechos de las víctimas y los inculpados. Otros pusieron el énfasis en el impacto que un sistema de justicia penal eficaz tendría en la seguridad.
Esta liga, la más débil de todas porque el efecto causal entre una y otra cosa no está debidamente soportado, es la que ha cobrado mayor relevancia. Y estamos por caer en el error de medir el éxito de la reforma por su impacto en la seguridad. Distorsionando así sus objetivos y generándole un mal nombre. La expresión más extrema de esto es la que sostiene que el incremento de la criminalidad tiene su origen en la reforma penal. Con este estandarte podemos ver la formación de otra coalición, pero ésta para darle marcha atrás.
Lo cierto es que el modelo de justicia penal adoptado desafía las capacidades de nuestras instituciones de justicia que, a pesar de que contaron con ocho años para ajustarse, no han logrado hacerlo. Frente al reto, optan por pedir tregua y un regreso al pasado, en lugar de plantear una ruta para su transformación. Una visión que mire al futuro.
CIDAC ha seguido muy de cerca este proceso de reforma. Hace unos días publicó la actualización de su sistema de seguimiento (Hallazgos 2016) que en sus primeros años se centró en la implementación, hoy en su consolidación. La evaluación encuentra enormes rezagos y plantea un horizonte temporal de varios años para que esta reforma logre asentarse debidamente. Pero también reconoce avances que sorprendería hasta a los más escépticos. La reforma no está llamada al fracaso cuando encuentra liderazgo, una comunidad de actores comprometidos con el cambio y las condiciones y habilitantes para que fructifique.
El desafío más grande de la reforma, sin embargo, está en nosotros, que seguimos impulsados por un ánimo de venganza y no de justicia. Este es el terreno fértil para que los populistas penales tomen fuerza. Si ellos ganan, nuestro país se colocará en el sótano de la evolución.
Directora de México Evalúa
Twitter: @EdnaJaime @MexEvalua