No hay sistema de justicia que pueda procesar 24 mil muertes violentas en un año. Ese es el número al que nos podemos acercar si la tendencia del primer trimestre se sostiene en el resto del año. El problema es enorme porque es circular: una muerte no esclarecida y no sancionada manda una señal de debilidad estatal que refuerza el ciclo de la violencia. Pero hay un efecto adicional. Asesinatos no esclarecidos nos mantienen en la ignorancia sobre el fenómeno de la violencia en el país. Cuando se nos pregunta cuáles son los precursores de tan altos niveles de violencia contestamos, convencidos, que son las actividades del crimen organizado. La verdad es que tenemos muchas conjeturas y pocas certezas. No hay manera de entender las dinámicas de la violencia si la abrumadora mayoría de homicidios queda sin investigarse.
Por eso levantar la eficacia de las instituciones de justicia penal, particularmente las de la procuración de justicia, resulta central para tratar de resolver la ola de violencia que viene de nuevo y viene con fuerza. Lo es por una cuestión de justicia para las víctimas y de salud para nuestra nación, pero también porque el Estado mexicano no puede seguir siendo vapuleado. Es el hazmerreír de criminales que segan la vida de otros con una probabilidad cercana a cero de ser llevados a la justicia y procesados por sus actos.
Ana Laura Magaloni comenzaba uno de sus estudios sobre justicia mexicana con una imagen muy precisa: decía que la procuración de justicia es un auto viejo y desvalijado que queremos poner a correr en la carretera de nuestro tiempo. Y sí, el aparato de investigación criminal del Estado mexicano en sus distintos ámbitos no funciona. Fue creado para el control político, para la persecución del enemigo y la protección del amigo, por eso nunca desarrollo las capacidades de investigación profesional. Y aunque hemos querido ponerlo al día con las reformas de carácter penal que se aprobaron en el país en el 2008, las inercias y la falta de recursos materiales y humanos son difíciles de remontar.
Las líneas anteriores dan pie para mencionar algunos hallazgos de la investigación que un grupo de académicos realizó sobre la operación del sistema de justicia en el Estado de México para los años 2010 y 2014, ya bajo el modelo de justicia reformado (esta investigación fue publicada por México Evalúa y se encuentra disponible en su página). Estos hallazgos son reveladores. En principio revelan que el aparato de justicia del estado está volcado en la atención de delitos menores, robos la mayoría de ellos, cometidos por individuos jóvenes en solitario y por primera vez. Esto es, el país enfrenta niveles de criminalidad de alto impacto preocupantes, pero a decir de esta investigación, los recursos institucionales están puestos en el delito menor. Quizá esto no sea producto de una decisión deliberada de política criminal, sino de lo que la procuración de justicia puede dar. Y no da para investigaciones complejas como lo demuestra el hecho de que la gran mayoría de los casos que ingresan al sistema son derivados de detenciones en flagrancia. Son muy pocos los casos que se imputan luego de una investigación.
Transcurrirán años antes de que ésta y otras procuradurías puedan mostrar músculo y resolver casos complejos. Pero es muy necesario que empiecen a tener algunas victorias. Empezar a despojar al Estado y sus procuradurías de su mal nombre, del sino del “no se puede” y comiencen a ganar respeto de quienes los desafían. Que el efecto disuasivo de la eficacia de la justicia penal sea un componente de la estrategia para contener la violencia.
En lo que resta de esta administración bien harían nuestros gobernantes en poner su capital político y recursos institucionales en esclarecer asesinatos de gran significado. Todas las vidas cuentan igual, sin duda, y todas las vidas cegadas violentamente deberían recibir justicia. Pero nos urge comenzar por algo y hacerlo de manera contundente. Necesitamos una buena dosis de autoridad.
Directora de México Evalúa.
@EdnaJaime
@MexEvalua
