No es la primera vez que las primeras planas de los diarios del país informan sobre la fuga de reos de algunas de las cárceles del país; no es la primera vez que hay muertos en riñas y muertos en ellas; no es la primera vez que se hace público que dentro de las prisiones prevalece un orden paralelo administrado por los propios criminales; no es la primera vez que conocemos de tratos crueles e inhumanos a los internos y que esto no es la excepción sino lo cotidiano; no es la primera vez que conocemos que custodios y autoridades penitenciarias están al servicio de los grupos criminales; no es la primera vez que sabemos que dentro de las prisiones hay crimen y desde ahí también se administra el del exterior. Y sin embargo nada pasa.
¿Quién rinde cuentas sobre lo que sucede en los penales? Nadie. Como tampoco hay interesados en que estos procesos se den. En realidad no nos importan.
En este semana el jefe de Gobierno de la Ciudad de México afirmó, ufano, que el repunte del crimen en la Ciudad de México está originado en la liberación de internos que pudieron acceder a su libertad por efecto de la entrada en vigor de la reforma penal que prevé la prisión preventiva oficiosa solo para delitos de alto impacto. Los internos que no están en ese supuesto pueden llevar su proceso fuera de prisión. O la libertad anticipada a la que pudieron acceder internos quienes compurgaban una pena por un delito menor por efecto de la promulgación de la nueva Ley de Ejecución Penal, que así lo establece.
Sin evidencia dura es difícil impugnar lo dicho por el jefe de Gobierno, como también lo es afirmar que el crimen crece en la ciudad por efecto de esas liberaciones. En todo caso llama la atención que el jefe de Gobierno no se sienta aludido, menos responsable de lo que sucede en las calles y prisiones de la ciudad. Habría que recordarle que algunas de las cárceles de la ciudad eran de las más sobrepobladas del país y que crónicas periodísticas llegaron a documentar cómo internos se amarraban a los barrotes de sus celdas para poder dormir por falta de espacio. Aun si diéramos por cierta su afirmación, era su responsabilidad ofrecer espacios y mecanismos para la reinserción social de los internos.
La Constitución establece que ese es el objetivo de la política penitenciaria. La reincidencia es la mejor medida del fracaso de lo que debería ser su objetivo primario.
Tomo la declaración del jefe de Gobierno porque está más a la mano, pero qué ocurre con los gobernadores que tienen prisiones totalmente fuera de control en la que se dan incidentes violentos, muertes, fugas, motines con recurrencia. ¿Por qué no son llamados a cuentas?, ¿por qué no hay costo político alguno?, ¿por qué no hay consecuencias por sus omisiones? Me temo que es porque a los ciudadanos no nos importa.
En el ámbito federal las cosas no marchan correctamente. Desde la administración pasada se han hecho inversiones multimillonarias para la construcción de nuevos penales en esquemas de asociación público-privadas. No sabemos, porque la información está bien resguardada y fuera de toda posibilidad de escrutinio público, a cuánto ascienden esas inversiones, cuáles son las empresas beneficiarias, cuáles son los términos de los contratos. Lo que sí sabemos es que se trataron de adjudicaciones directas. Pero no mucho más.
La Comisión de Derechos Humanos emitió el año pasado un informe sobre los centros federales de readaptación social de seguridad media denominados “CPS”. Sus conclusiones son preocupantes. Pero el testimonio de un familiar interno en una prisión federal de las “nuevas” lo expresa con mayor contundencia: “Mi familiar permanece 23 horas en su celda y sale una hora al patio”. “Para salir a cualquier área, como a visita, tiene que salir encadenado de pies y manos; las esposas le dejan marcas en las muñecas y en los tobillos, pues al no poder caminar bien tropieza y cae, provocando la burla de los custodios”.
Esa es la realidad de nuestros penales. Así seguirán mientras no nos importen.
Directora de México Evalúa.
Twitter: @EdnaJaime @MexEvalua
