En la óptica de algunos analistas, Luis Videgaray le dejó un regalo envenenado a su rival, el titular de Gobernación, antes de partir. Sin que le temblara la mano, el secretario de Hacienda eliminó del proyecto de presupuesto (PEF) para el 2017 los recursos destinados al Pronapred, un subsidio destinado a financiar acciones de prevención del delito y la violencia en demarcaciones seleccionadas. Si el secretario de Hacienda hubiera tenido que explicar su decisión, le hubieran sobrado razones. Las mismas que le hubieran faltado al titular de Gobernación para exigir la restitución de esos recursos. Eso no le quita jiribilla a la decisión de Hacienda: programas y subsidios inútiles no sufrieron recorte en el proyecto del PEF. Pronapred, sí, un recorte total.
Los legisladores tendrán que decidir en los próximos días qué hacer con este subsidio. Si ratifican la decisión de Hacienda o la revierten.
Seguramente habrá legisladores dispuestos a asignarle una partida sin mayor examen. Otros caerán en la cuenta que eliminar el subsidio tendría un costo en imagen. Cómo explicar que el gobierno que presumió una nueva estrategia sustentada en un enfoque preventivo, elimine una de sus principales fuentes de financiamiento. Pero también hay legisladores afligidos por el repunte de la violencia y el crimen en el país y que están convencidos que podemos hacer las cosas de manera distinta y mejor.
Para estos legisladores, una sugerencia: condicionen la asignación de recursos al programa al compromiso de hacerle ajustes sustantivos. Porque tan irresponsable es eliminar el subsidio sin darle una oportunidad de corrección, como seguir metiendo dinero a acciones de dudosa efectividad. Aquí algunas ideas.
Focalizar. Todos quisiéramos atender todas las necesidades, de todos los grupos de población al mismo tiempo. Esto no es posible. En este momento las acciones preventivas tienen que dar atención prioritaria a los grupos más vulnerables ante situaciones de violencia y delincuencia como jóvenes y mujeres en aquellos lugares donde estén más en riesgo. Que lo que les llegue del subsidio sirva para cambiar sus vidas y nos aseguremos que así sea.
Mejorar diagnósticos. Me gustaría invitar a quienes afirman que México es un país sobrediagnosticado a que echen un ojo a los temas de seguridad. En este tema “no entendemos que no entendemos” justamente porque nos faltan diagnósticos e información. Para mejorar los diagnósticos a nivel local (hiperlocal) resulta indispensable contar con un intercambio de información entre las agencias especializadas en seguridad y los gobiernos locales.
Involucrar a los ciudadanos. En materia de prevención se necesita de los ciudadanos en todo el proceso de política pública: desde la definición del problema hasta su evaluación. En este sentido, resulta necesario aprovechar el capital social existente mediante la instrumentación de mecanismos, no sólo de consulta (encuesta y entrevistas), sino también de deliberación, cogestión y corresponsabilidad.
Capacitar. Es importantísimo fortalecer el perfil de los encargados de los programas de prevención mediante capacitación y formación en temas transversales de prevención del delito, cohesión social, derechos humanos e igualdad de género, con el objetivo de mejorar la implementación de la política.
Rendir cuentas. En el siguiente ejercicio fiscal quienes trabajan con el subsidio tienen que poder probar con suficiente evidencia que la inversión tuvo retornos y que se hizo con total transparencia.
No conoceremos las razones por las que el secretario de Hacienda tumbó este rubro de su proyecto de presupuesto. Si fue jiribilla o un criterio de eficiencia. No obstante debemos decir que su decisión nos ha permitido reconsiderar nuestra política de prevención. Nada peor para el país que pretender que la hacíamos cuando apenas estábamos ensayando.
Directora de México Evalúa.
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