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En la negociación del presupuesto para 2016, los diputados tomaron recursos de programas destinados a la educación, la salud y el medio ambiente para reasignarlos al Ramo 23. Este ramo es particularmente problemático por ser el más opaco, por albergar algunos programas y proyectos que carecen de lineamientos, reglas de operación y esquemas de evaluación. Es el resabio del México del pasado, cuando el presupuesto carecía de reglas, transparencia y medición de resultados. Pues bien, los diputados metieron casi 40 mil millones de pesos adicionales en esta bolsa y se dieron la atribución de decidir el para qué.
Meses después, el Ejecutivo anunció recortes al gasto. El ejercicio de planeación anterior a la presentación de su propuesta erró en sus supuestos y se hizo inminente la necesidad del ajuste. En 2015 también anunciaron un recorte, pero otras prioridades pesaron más en el ánimo de nuestras autoridades hacendarias que, aun ante un contexto adverso, no sólo no recortaron sino que gastaron más.
Para 2016 se han anunciado recortes para programas federales por un monto de casi 61 mil millones de pesos. La afectación más importante recaerá en programas de subsidios y en proyectos de inversión. Llama la atención que el programa más castigado por los recortes sea el Seguro Popular. Habiendo tanta tela de dónde cortar, se optó por un rubro tan sensible para los mexicanos. Viendo lo anterior, uno se pregunta si los recortes están sustentados en evaluaciones sustantivas, en criterios preestablecidos, en una lógica de proteger servicios básicos para los mexicanos más vulnerables. Porque otros conceptos de gasto como servicios personales, publicidad oficial todavía crecían en el 2015. También en los recortes, las autoridades están obligadas a rendirnos cuentas.
Motivados por estas preocupaciones, un grupo de organizaciones extendimos una carta al secretario de Hacienda en la que le solicitamos información. De manera particular, lo quisimos convencer de la pertinencia de publicar un documento que nos permitiera entender la lógica de los recortes, así como los criterios y justificaciones de los mismos. Por qué el Seguro Popular y no otros; por qué proyectos de infraestructura carretera y no los subsidios al campo por citar un rubro controvertido. Un diagnóstico básico de los programas presupuestales que nos asegure que las decisiones tienen sustento.
Igual de importante es tener una valoración del impacto de los recortes. ¿A quiénes afectan? ¿Son regresivos o progresivos? ¿Cuál es su impacto sobre objetivos propuestos en ciertas áreas? Si la promesa de un presupuesto base cero no pudo concretarse, por lo menos esta información debería estar disponible. Tenemos que asegurarnos que los recortes no lastimen a los que no tienen voz en el sistema político y, por tanto, son los sacrificables en ejercicios de esta naturaleza.
Nuestros diputados debieran estar muy atentos a estos movimientos en el presupuesto. En teoría llevan la representación ciudadana en estos asuntos. Debieran pedir información complementaria en los informes trimestrales que genera Hacienda y dar un seguimiento puntual del ejercicio del gasto así como de los recortes anunciados.
Nuestros diputados, sin embargo, cierran este expediente cada 15 de noviembre. Se sienten satisfechos cuando llevan recursos a sus jefes políticos y se olvidan de fungir como contrapeso en el proceso de aprobación presupuestal y su posterior ejecución. En noviembre de 2015 lograron reasignar más de 40 mil millones de pesos a rubros que ellos mismos crearon en el Ramo 23, extralimitando sus facultades en materia presupuestal. Ocupados en ello, han olvidado al ciudadano que quizá sufra las consecuencias de la falta de acceso a los servicios de salud. Como en otros ámbitos de nuestra vida nacional, en el presupuestal, el mundo gira al revés.
Directora de México Evalúa
@EdnaJaime
@MexEvalua
