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El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es ya una realidad en nuestra Constitución y distintas leyes secundarias. El reto ahora es concretarlo. Plantear una hoja de ruta que oriente la renovación institucional que las leyes mandatan. Planteo algunas preguntas que considero necesario responder para dar el siguiente paso, en este intermedio entre la promulgación del primer paquete de reformas y el siguiente periodo ordinario de sesiones.
Como sabe el lector, el SNA es un esquema complejo de controles y contrapesos que servirá para controlar la corrupción. Atiende los más importantes obstáculos, lagunas y disonancias de nuestras viejas leyes que hacían imposible vigilar a cabalidad la función pública, fiscalizar los recursos del Estado, al igual que determinar responsabilidades o sancionar con objetividad e imparcialidad. El esquema que dejamos atrás era débil y fragmentado. Muy conveniente para quienes abusaban de su cargo.
Para resolver la fragmentación, ahora contamos una instancia de coordinación de autoridades y órganos y leyes aplicables en todo el país; esquemas que armonizan los marcos legales en todos los estados y las bases de coordinación de entidades de fiscalización y control interno locales y federales. Un entramado sofisticado que necesitamos aterrizar bien. La pregunta es cómo. ¿Qué vamos a hacer diferente para no emular modelos fallidos? Pienso, inevitablemente, en nuestro Sistema Nacional de Seguridad.
El SNA tiene considerado un organismo descentralizado con autonomía técnica y de gestión y no sectorizado a ninguna dependencia, en el que recaerá la Secretaría Técnica del Sistema, una instancia que se encargará de llevar a cabo los acuerdos que tome el Comité Coordinador (conformado por los titulares de las instancias que forman el sistema, más un integrante del Comité Ciudadano). En este Comité se generarán políticas públicas de prevención, fiscalización y combate a la corrupción. ¿Cómo se plasmarán estas obligaciones en el trabajo cotidiano de esta instancia? ¿Cuáles serán sus requerimientos técnicos y humanos para funcionar? Lo más importante: ¿cómo evitar construir una burocracia costosa sin resultados?
Con el SNA se crean o fortalecen instituciones de vigilancia y sanción como son el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción o la Auditoría Superior de la Federación, también se creará un Comité de Participación Ciudadana, con cinco ciudadanos. Se ve bien, pero ¿cómo evitar la partidización de los nombramientos? ¿Cómo convocar los mejores perfiles para encabezar estas instituciones? ¿Cómo los ciudadanos mantendrán su identidad si en estricto sentido ejercerán un servicio público con atribuciones y retribuciones?
En materia de impartición de justicia el avance es importante: dejará de ser un dependiente jerárquico del Ejecutivo quien imponga sanciones administrativas y se contempla a los particulares como sujetos de responsabilidad. Para ello se creará una sala especial con tres magistrados y salas regionales en el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Cómo designar a los juristas más comprometidos y capaces para este encargo? ¿Cómo renovar a la actual conformación del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa o ratificar a los magistrados más competentes sin que tengamos que esperar a que terminen sus nombramientos por 15 años?
Ahora bien, el SNA contará con una plataforma digital que le permitirá monitorear sistemas de información relacionados con investigaciones, sanciones, registros, contrataciones, declaraciones de interés y declaraciones patrimoniales. Esta plataforma tendrá que crearse. ¿Quién desarrollará la plataforma? ¿Cómo se operarán los sistemas? ¿Cómo lograr la innovación tecnológica suficiente para dar soporte a esta plataforma?
En fin estas son algunas preguntas para pensar en el verano. Espero no agobiarlos en su vacación.
Directora de México Evalúa.
@EdnaJaime
@MexEvalua
