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Cada año, desde hace aproximadamente una década, 1.8 millones de mexicanos son deportados de EU. De entre éstos, los casos más tristes son sin duda los de aquellos que han pasado toda su vida, o la mayor parte de ella, en el país vecino; quienes han crecido, estudiado, hecho amigos, iniciado una vida profesional, proyectado un futuro tal vez prometedor, y construido una identidad ahí, hasta que un día, sin más, —debido a la ausencia de garantías sobre su estatus legal— son expulsados de manera abrupta y cruel de EU, camino a un lugar que, aunque sea su país de origen, les es desconocido y, en ocasiones, hostil.
Esto como resultado de lo que, pareciera, es una política de Estado del gobierno norteamericano, mediante la cuál miles de jóvenes, —de origen latinoamericano, no únicamente mexicano— pese a haber vivido toda su infancia sin problemas en EU, habiendo terminado la preparatoria o alcanzado la mayoría de edad, se convierten en sujetos punibles y deportables por su condición de migrante. Poco importa que atrás queden sus familias, sus amistades, sus estudios, todo lo construido y por lo que se trabajó durante años: su vida entera.
Estos jóvenes, conocidos popularmente como los dreamers, convertidos ahora en adultos, y que sí, llegaron como indocumentados a EU siendo niños, son técnica y efectivamente extranjeros sin papeles en EU; sin embargo, en los hechos son jóvenes estadounidenses sin un documento que reconozca dicha identidad. Personas, pues, que se encuentran en un limbo legal y administrativo entre dos países, ya que en la mayoría de los casos tampoco cuentan con documentación que los acredite como ciudadanos de su país de origen —México, en el caso de más del 70% de los dreamers—, ni existen las instancias de gobierno, ni los mecanismos sociales en dichas naciones, para reincorporarlos a un tejido social al que definitivamente no pertenecen —y quizás no deseen pertenecer— y al cual sólo están ligados por el origen familiar.
El drama de estos casos se vuelve mayor cuando se ven enfrentados a una gran burocracia y a una sociedad que los rechaza, así como a la falta del dominio del español y la ausencia de referentes culturales, aspectos que se convierten en obstáculos mayores que los que tuvieron que superar en la nación donde eran indocumentados.
Ante este difícil panorama poco se ha hecho. Una iniciativa de ley presentada en el Congreso de EU, conocida como DREAM Act, resolvería esta situación si no llevara 14 años estancada. Otras medidas, como la llamada Acción Diferida, o la Acción Ejecutiva, implementadas por el presidente Barack Obama, intentan paliar algunas de las múltiples problemáticas sociales generadas por la migración ilegal, pero tienen poco impacto ante la magnitud del problema, y entran en contradicción con esta política de deportaciones masivas. Por ello es urgente la reforma migratoria integral de la que tanto se ha hablado. Debe ponerse un alto a este inhumano arrebato de vidas y sueños.
