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Para la juventud en México, dedicar cuatro o cinco años de su vida a estudiar una licenciatura hace tiempo que dejó de ser una garantía para lograr incorporarse al mercado laboral. Y ya no diga, de acceder a cierto grado de movilidad social. Las causas de esta falla en nuestra sociedad son económicas y estructurales, pero también sociales y políticas. Desafortunadamente, de los años ochenta a la fecha se ha carecido de una adecuada planeación que involucre educación vocacional e incentivos gubernamentales a estudiar áreas como las ingenierías y las ciencias. Han faltado también políticas adecuadas que involucren a las instituciones educativas, a las instancias laborales del gobierno y a las empresas, lo que ha traído como resultado que universidades y empresas respondan a necesidades muy distintas. Esta carencia de políticas públicas ha generado un circulo vicioso de falta de oportunidades, poca o nula generación de empleos, crecimiento económico mediocre, falta de innovación y creciente desempleo.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el Inegi, correspondiente al primer trimestre de este año, 41% de los profesionistas menores de 30 años se encuentra desempleado o está en la informalidad. En números absolutos, 290 mil no tienen empleo y 1 millón 88 mil trabajan en negocios que no están legalmente establecidos. Es decir, que 9% no tiene actividad y 35% labora en negocios fuera de la ley. Sólo 56% logra colocarse en una empresa establecida o en el gobierno. Por si esto fuera poco, aunque existe una remuneración mayor para aquellos que lograron terminar una carrera, la brecha en salarios se estrecha cada vez más en las nuevas generaciones, e incluso el 35% de los recién graduados gana menos de 4 mil 308 pesos, que es el sueldo promedio de los jóvenes que únicamente terminaron la preparatoria.
El panorama que viven los jóvenes profesionistas en México —privilegiados al ser sólo el 13% de esa franja social— es sombrío además porque a la falta de oferta laboral hay que sumar el desfase entre las necesidades de los distintos sectores productivos respecto de la oferta de carreras en las universidades, así como la exigencia de los empleadores de que los concursantes por una plaza tengan, en primer lugar, experiencia, competencias, cierta edad, buena imagen, iniciativa, empuje y pasión por lograr resultados, en discordancia con el discurso de los jóvenes en busca de empleo que regularmente no saben “venderse”, tienen aspiraciones salariales muy altas, falta de habilidades sociales, de conocimientos técnicos y mala imagen.
Lo que se necesita entonces, urgentemente, son políticas de comunicación y coordinación dentro de la educación media y superior, lo cual a su vez traerá mayor preparación y conocimiento entre la juventud para orientarse hacia una carrera con campo laboral. Por su parte, el Estado tiene la obligación de fungir como enlace entre el sector empresarial, la juventud y las universidades para que así las competencias que desarrollaron los jóvenes en la escuela tengan cabida en el mundo laboral.
