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El crimen organizado está infiltrando las elecciones para designar a gobernantes a modo. Esto se sabe al menos desde los comicios de 2009, cuando la guerra contra los cárteles estaba en su apogeo. Ocho años después, lamentablemente, no hay elementos para decir que es más difícil para los delincuentes comprar políticos.
El jueves pasado soldados y policías federales detuvieron en Cuernavaca, Morelos, al presidente municipal de Cocula, Guerrero, Eric Ulises Ramírez Crespo, quien se encontraba en compañía de Adán Zenén Casarrubias Salgado, El Tomate, presunto dirigente del cártel Guerreros Unidos, la organización criminal que la PGR vincula con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Nadie es culpable hasta demostrar lo contrario. Hay que recordar ese principio hasta en los casos más obvios. Sin embargo, es pertinente hacer preguntas sobre la calidad de la designación del alcalde perredista de Cocula como candidato, pues los antecedentes tendrían que haber prendido alertas en el proceso: el aún libre —y sin cargos en contra— ex presidente municipal priísta tenía a su cargo policías que fueron los responsables de trasladar a los alumnos secuestrados de Ayotzinapa hasta el lugar donde habrían sido asesinados, según la versión oficial.
Dice el Partido de la Revolución Democrática que la PGR no hizo su tarea cuando le pidió revisar los antecedentes de sus candidatos. La procuraduría responde que no está dentro de sus atribuciones investigar esos datos. El debate entre ambos ofrece una respuesta a la pregunta de por qué México no ha podido detener la infiltración del crimen organizado en las elecciones. Nadie se quiere hacer responsable.
Imposible que instancias de gobierno o partidos políticos puedan escudarse en la ley o en la falta de recursos. ¿Para qué sirve entonces la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR? ¿Acaso las burocracias de los partidos no podrían forzar a sus candidatos a someterse a un proceso de investigación del origen de sus recursos? ¿El Instituto Nacional Electoral carece de herramientas pese a tener ahora presencia en todo el país? Millones de pesos se gastan todos los años en frivolidades de funcionarios y políticos como para no destinar un poco de ese dinero a investigación electoral. No es física cuántica; basta con preguntar y hacer cruces de información.
Aun si después de un proceso judicial el alcalde de Cocula resulta absuelto, la respuesta —o silencio— que fiscalías y políticos han dado tras su detención los evidencia. Se lavan las manos antes que asumir su responsabilidad. Ya ni esperar que hagan propuestas para detener la infiltración. Así no habrá manera de rescatar al desprestigiado sistema político mexicano.
