La migración es un fenómeno bastante conocido en México, que alcanzó su pico a mediados de la década de los 90 y durante los primeros años de este siglo. Decenas de poblaciones michoacanas, zacatecanas, poblanas y oaxaqueñas, principalmente, se convirtieron en expulsoras de población. Jóvenes y adultos dejaron sus familias y comunidades en busca de mejores condiciones de vida. Muchos murieron en el intento durante su paso por los desiertos de Arizona y Nuevo México, y muchos más lograron llegar y establecerse en Estados Unidos.
Actualmente hay una disminución en el número de mexicanos que emigran, pero el fenómeno ha tomado otra cara: el país se ha convertido en el paso obligado de miles de centroamericanos que abandonan sus países para llegar a EU.
Al arribar a la nación vecina varios de ellos son detenidos y recluidos en Centros de Detenciones de Migrantes, donde permanecen hacinados antes de ser deportados. La situación en esos sitios se tornó crítica hacia junio de 2014, al grado que los presidentes Obama y Peña Nieto abordaron el tema de manera personal para establecer mecanismos de atención —especialmente para los menores migrantes que viajan solos—, para tener una visión humanitaria, corresponsable y regional y para sumar esfuerzos con Centroamérica con el fin de construir un entorno propicio para el desarrollo y la prosperidad regional.
A casi dos años de distancia, la situación poco ha cambiado. El comisionado del Instituto Nacional de Migración del gobierno mexicano, Ardelio Vargas Fosado, asegura a EL UNIVERSAL que se vive una “crisis humanitaria permanente” por los flujos migratorios de Centroamérica a México. En 2015 México deportó a 202 mil 257 extranjeros a sus países de origen. La gran parte, originaria de Guatemala, Honduras y El Salvador.
A pesar de los diálogos de alto nivel el problema no se ha detenido, sino que sigue escalando. Ante la característica regional (Centroamérica-México-Estados Unidos) de la situación, se debe alcanzar una solución multilateral.
México asegura, y lo ha mostrado a funcionarios centroamericanos, que hay un trato digno en las estaciones migratorias, sin violación a los derechos humanos; además, varios malos elementos han sido cesados. EU desde hace un año comenzó a liberar de sus centros de detención a familias de inmigrantes elegibles para asilo político por la violencia imperante en sus países.
Mientras hay acciones reactivas en México y EU, en los países centroamericanos hacen falta las acciones preventivas. Estas naciones continúan enfrentando altos índices de inseguridad y elevados niveles de desempleo. Un apoyo decidido de los gobiernos mexicano y estadounidense, así como su supervisión, es lo que se requiere, si se quiere terminar con la crisis humanitaria más allá de los discursos.