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Un delfinario sin delfines, una enorme estatua que no pasó de la cintura y un reloj de dos millones de pesos que dejó de funcionar en menos de un mes. Son tres ejemplos de obras absurdas tan sólo en el estado de Sonora. No es el único caso. Por todo el país cunden las ocurrencias, los disparates, los delirios de gobernantes cuya soberbia les hace creer que sus ideas llegarán a ser grandes obras únicamente por el hecho de haberlas ellos pensado. Las consecuencias, una vez fracasados los proyectos, las padecen los ciudadanos.
A partir de hoy EL UNIVERSAL presentará un recorrido por todo el país para mostrar las obras más costosas y absurdas en cada estado, las cuales, además, —en ningún caso registrado hasta ahora— han tenido como consecuencia la acción judicial contra algún alto funcionario o ex funcionario estatal.
¿Cómo se explica este desastre? La principal respuesta tiene que ver con el bajo perfil de ciertos gobernantes y de sus equipos. O del aprovechamiento que hacen de la delgada línea entre incompetencia y corrupción para dar la imagen de la primera, cuando en realidad se comete la segunda.
En el documento Problemática General en Materia de Obra Pública de la Auditoría Superior de la Federación (disponible en versión electrónica), la institución tomó una muestra de 80 contratos de infraestructura con montos de 100 millones de pesos cada uno, implementados durante el periodo 1999-2010. El resultado del análisis es de espanto.
Dice el estudio: “Se detectaron como principales deficiencias la planeación incompleta en cuanto al alcance del proyecto, su rentabilidad, la problemática social y ambiental, diseño de contratos inequitativos (...) así como el predominio de decisiones políticas sobre consideraciones técnicas”. Esto quiere decir, en suma, que se llevan a la acción ideas de políticos sin tener los diagnósticos que las respalden. E incluso, si las mediciones resultan contraproducentes, las obras se echan a andar de cualquier manera, seguramente por la presión de cumplir con la palabra empeñada, por capricho, o para recibir la tajada previamente acordada con el contratista amigo.
Lo fácil para los gobiernos actuales sería decir que es un problema de la ley y que por ello no pueden perseguir los disparates de sus antecesores. Sería mentira. El propio análisis de la ASF da cuenta de la carencia generalizada de estudios previos como mecánica de suelos, topográficos, geológicos y ambientales; bases de licitación inadecuadas o incompletas, entre otras anomalías.
No hace falta llevar a la cárcel a todos. Bastaría con poner el ejemplo en los casos más emblemáticos de obras de relumbrón. Quien no lo hace, ¿es porque se sabe con un pasado similar?
