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Dicen en la CIDH que la situación de seguridad en México es terrible. El gobierno federal desaprueba los comentarios porque no se hace mención de los avances. Un acuerdo en esos términos será imposible mientras la discusión siga. Igual ocurre con los intercambios entre el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y funcionarios, pues los primeros son los únicos con la capacidad física de generar información certera, mientras los segundos poseen la autoridad moral para cuestionar cualquier resultado. Mejor sería acordar una ruta de acción, sin calificativos ni aspavientos.
Ayer la CIDH emitió las conclusiones preliminares de su visita a México, con el fin de evaluar la condición de los derechos humanos en el país. El texto es duro, así como la respuesta del gobierno federal.
El origen de la molestia gubernamental reside en el empleo de calificativos que no se soportan en un método. Un ejemplo es la parte de las observaciones preliminares de la CIDH en la que dicen: “La magnitud que tiene la problemática de la desaparición de personas en México es alarmante”. Inmediatamente después dice el texto: “No existe claridad sobre las cifras entre tipos de desaparición: desaparición forzada, secuestros, extravíos, u otros tipos de ausencia”. Difícilmente constituye una evidencia para la generalización el testimonio de la madre de un hombre desaparecido en Nuevo León que dijo a la CIDH: “Hay miles de desaparecidos así como él”.
Por otro lado, la Comisión Interamericana puede equivocarse en sus formas y hasta en el empleo de algunos números, pero la respuesta que se espera del Estado mexicano, antes que descartar de inicio las críticas, es el atajamiento de cada argumento empleado.
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dijo en su respuesta al comunicado de la CIDH: “Los lugares que visitaron (los integrantes de la Comisión), en los casos a los que hace referencia el informe, se trata de, particularmente en el caso de Guerrero, las regiones donde tenemos los principales retos como país”. Esto no descarta, sin embargo, que sea lo mejor revisar la situación en todas las regiones.
Aun si el gobierno tiene la razón, su mejor herramienta de convencimiento es responder con datos precisos si es o no generalizada la desaparición forzada, si hay las pruebas para afirmarlo en la mayor parte de los estados de la República, etc.
De la CIDH, como dijo Campa, se espera un informe serio, sin grietas metodológicas; del gobierno, no cerrarse ante la crítica, porque por algo se cambió la Constitución hace siete años, para que los tratados internacionales en Derechos Humanos estuvieran al mismo nivel que nuestra Constitución.
