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Es prácticamente una década la que amplias regiones de México llevan envueltas en situaciones de violencia. En varias ciudades y entidades la población ha tenido que modificar sus labores cotidianas; en escuelas, maestros y alumnos han tenido que aprender juntos cómo actuar si se produce una balacera cerca del plantel; empresarios y comerciantes también han tomado acciones para enfrentar a la delincuencia.
Es cierto que en las ciudades paradigmáticas de la violencia de hace algunos años (Ciudad Juárez, Tijuana, Monterrey) la situación es diferente. Los índices de homicidios son menores y se dio una reconstrucción de la estructura social. Pero hay otras regiones en las que la criminalidad no cede.
De acuerdo con cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el pasado mayo fue el mes con el número de asesinatos más alto desde que hace 20 años comenzó a medirse la incidencia delictiva. Los homicidios dolosos sumaron 2 mil 186, un promedio de tres cada hora. Doce estados registraron su mayor índice de violencia en lo que va del año. En otros delitos de alto impacto hubo 100 casos de secuestro; 522 de extorsión, 5 mil 208 de robo de vehículo con violencia y 10 mil 368 de robo de vehículo sin violencia.
Para una generación de mexicanos los elevados índices criminales ya son cotidianos y ese es el riesgo, que la normalidad signifique convivir con las amenazas de grupos delictivos. ¿Por qué acostumbrarse a los estándares de vida que dicte la delincuencia? La exigencia debe ser muy clara para las autoridades de los tres niveles: se requiere acabar con la impunidad. ¿Cuántas de las 9 mil 916 carpetas de investigación por asesinato iniciadas en los primeros cinco meses del año serán esclarecidas? La falta de castigo por la comisión de ese delito sólo alienta la reproducción del mismo.
La situación no está generalizada en todo el territorio, hay estados como Yucatán, Campeche y Tlaxcala con índices mínimos. La focalización del problema debería ser un punto a favor para combatirlo, pero diversos esfuerzos han sido infructuosos. La solución tiene muchas capas en las que muchos actores juegan un papel importante comenzando por los gobiernos (municipales, estatales y federal), quienes deben garantizar la seguridad, además del Poder Judicial, las procuradurías, el sistema educativo nacional (para que los estudiantes no deserten y sean atraídos por bandas delictivas), así como empresarios que apuesten a la generación de empleos dignos con prestaciones sociales.
