Cuatro estados se encuentran a nueve días de vivir una jornada electoral. Tres gubernaturas están en juego, las de Coahuila, Estado de México y Nayarit, mientras en Veracruz se elegirán 212 presidentes municipales. Las campañas han estado marcadas por acusaciones cruzadas entre candidatos, en ocasiones sin comprobar los señalamientos. En este contexto ayer se dio una agresión “menor” contra Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, en el municipio veracruzano de Huatusco. Al final de un mitin fue alcanzado por un huevo lanzado desde la muchedumbre.
Actos de agresión como el mencionado pueden ser la chispa para que el ambiente de encono y diatriba que prevalece escale a otros niveles. Ante este incidente son pocos los partidos y candidatos que no tienen responsabilidad, pues gran parte de ellos hacen de la agresión verbal una práctica común, y de ahí a la violencia la distancia es corta. Si detrás de ello hubo una mano política malintencionada y no un hecho aislado de simpatizantes de otros partidos, el acto es doblemente reprobable. Es la segunda vez en 10 días en que lanzan huevos en un mitin de López Obrador en la misma zona veracruzana.
Debe ser tarea de partidos y candidatos promover una contienda civilizada en la que se otorgue prioridad a las necesidades de la población, presentando propuestas, más que denostaciones contra el opositor.
De lo que se trata es de consolidar una vida democrática, sistema que durante más de dos siglos el mundo occidental ha elegido como forma civilizada de resolver los problemas de la comunidad por medio de gobiernos elegidos por la mayoría.
Aunque la democracia es un sistema que muchos consideran perfecto, su aplicación es diferente en cada país. México lleva al menos 20 años tratando de mejorar sus mecanismos electorales, luego de que transcurrieron décadas con un sistema que más que democracia semejaba una dictadura perfecta (Mario Vargas Llosa dixit).
La elección no terminará la noche del 4 de junio cuando se conozcan cifras preliminares. Es bastante probable que en entidades con una contienda cerrada, como se prevé sea en el Estado de México, el resultado final termine definido por tribunales electorales o se instale en el terreno de candidatos que desconocen los resultados, una práctica común entre los políticos mexicanos que aún no aprenden a reconocer sus derrotas. Cualquier acusación deberá estar sustentada, pero también debe ser obligación de las instancias correspondientes indagar.
Se está a tiempo de contener cualquier indicio de agresión física. Lamentablemente, México conoce de atentados a candidatos. Una experiencia así no merece repetirse en el siglo XXI, una época en la que se apuesta por la democracia.