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México aún tiene por delante un gran reto para que se cumplan de manera total los derechos humanos, a pesar de que se encuentran establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política del país. Quienes han enarbolado la bandera de la defensa de derechos desde la trinchera de la sociedad lo hacen porque consideran que se está atentando contra sus garantías más elementales, pero exigir el cumplimiento de la ley los lleva a enfrentar graves riesgos que pueden terminar con su vida.
Aunque la semana pasada la opinión pública se centró en la indefensión que sufren periodistas, especialmente en los estados, luego del asesinato del fundador del semanario RíoDoce, Javier Valdez, también hay ambientalistas, activistas, miembros de la comunidad LGBTI y víctimas del crimen organizado, por citar algunos casos, que se encuentran incluso más desprotegidos que el trabajador de un medio de comunicación.
El vacío que se da en muchas regiones del país, en materia de protección jurídica, ocasiona la protesta de activistas sociales contra abusos cometidos por entes de poder que van desde grupos empresariales, de gobierno o criminales. Desafortunadamente exigir una justicia mínima y denunciar de manera pública los excesos, es una labor de pronóstico reservado.
Ante estas amenazas inocultables, se han creado en México mecanismos de protección tanto a periodistas como defensores de derechos humanos, aunque con más fracasos que éxitos. Además, dichas instancias de manera frecuente llegan a convertirse en engorrosas barreras burocráticas que no cumplen su cometido.
EL UNIVERSAL publica hoy que los tardados trámites impidieron un amparo eficaz a la activista tamaulipeca Miriam Rodríguez Martínez, asesinada el pasado 10 de mayo en San Fernando; la privaron de la vida mientras esperaba protección federal. Había pasado un mes sin que se le hubiera concedido. Rodríguez Martínez, que buscó, encontró y logró que encarcelaran a los asesinos y secuestradores de su hija, contaba con protección estatal, pero días antes había denunciado que no tenía contacto con los elementos de seguridad asignados.
En este como en otros temas, en México prevalece una situación contradictoria. Se cuenta con leyes que protegen los derechos humanos, pero su cumplimiento está lejos de aplicarse de manera efectiva y rigurosa. De nada sirve contar con las mejores normatividades si el país va a fallar en el momento de ponerlas en marcha, sea por trabas burocráticas, sea por indolencia o por complicidad del encargado de aplicarla. ¿Hasta cuándo?
