La protección a periodistas no debería existir en ningún país del mundo. El desempeño de sus labores tendría que transcurrir sin sufrir amenazas. Así ocurre en la mayoría de la naciones consideradadas democráticas, pero no en México.
Desde hace por lo menos 20 años, la profesión se ha vuelto demasiado peligrosa, tanto que ha costado la vida de al menos un centenar de periodistas en diversas regiones del país. En el inicio de este 2017 ya son seis los periodistas asesinados.
Han perdido la vida porque resultaron incómodos para un grupo criminal o para un grupo de poder (político o económico). Cada vez que ello ocurre la sociedad pierde una voz que transmite el sentir ciudadano, sea de enojo, reclamo o de elogio.
Quienes ejercen la profesión en los estados del país son los que han llevado la parte más dolorosa. Desafortunadamente la debilidad institucional que caracteriza a las estructuras de seguridad en entidades y municipios son la principal amenaza para un periodismo que todos los días vive una situación de sobrevivencia, donde la convivencia con el crimen es más cercana que en la gran urbe. El apoyo federal es indispensable, aunque no garantiza tampoco el arribo a buen puerto, pues poco ha servido la creación de fiscalías o comisiones especiales. Siguen sin resolverse 99% de los casos.
Ante el mundo, la imagen de México es de agravamiento de una situación que ya estaba en deterioro. Las reacciones a nivel internacional fueron de repudio.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa esbozaron ayer la que puede ser el principio de la solución: investigar, perseguir y sentenciar a los responsables sería la mejor prevención.
El llamado a las autoridades es claro: asumir su responsabilidad. ¿Resulta imposible desarrollar la tarea que tienen encomendada?
Las exigencias de justicia del gremio periodístico no deben asumirse como provenientes de un grupo privilegiado. Todas las muertes ocurridas en la violencia que viven regiones del país son importantes y deben ser esclarecidas por la autoridad. Sin embargo, silenciar a un periodista, sin detener a responsables, sólo conviene a los que han hecho del crimen y de la corrupción su modo de vida, pasando por encima del bienestar de la colectividad.